La causa contra el empresario Cristóbal López ya no es sólo un expediente de evasión de impuestos millonarios. El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el empresario sea citado a una declaración indagatoria, en una megacausa por presunta asociación ilícita, corrupción y defraudación a la administración pública contra los miembros más poderosos de lo que fue el círculo kirchnerista, como había adelantado PERFIL hace dos semanas. Así lo confirmaron fuentes de la causa a PERFIL. Asi, la causa por evasión fraudulenta conté el zar del juego podría pasar a los ahora convulsionados Tribunales Federales de Retiro, de donde los kirchneristas Ricardo Jaime y Lázaro Báez salieron esposados rumbo al penal de Ezeiza en la última semana, agregaron las fuentes consultadas.
Durante los último días y con bajo perfil, Pollicita mandó a pedir que el Poder Judicial le informe si hay otras causas abiertas contra López. Además, solicitó copia de toda la documentación sobre la supuesta evasión fraudulenta del Grupo Indalo que el fisco tiene en su poder y busca encuadrar el hecho en el marco de una causa de 2008, que habían iniciado Elisa Carrió y la legisladora Paula Oliveto Lago.
Por otra parte, el fiscal citó a tres testigos, los funcionarios de la AFIP Juan Carlos Santos y Hernán Cruells; y al periodista Hugo Alconada Mon, que reveló el caso en La Nación. La causa original por “insolvencia fiscal fraudulenta” que la AFIP inició contra López hace tres semanas es contra Oil Combustibles, pero esa firma no es parte de la causa de Pollicita. López estaba en la mira sólo por la concesión de las maquinitas de apuestas del Hipódromo de Palermo que Néstor Kirchner le dio poco antes de la asunción de su esposa. Sin embargo, el jueves, el juez en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari le dio a Pollicita el marco legal para que absorba la acusación contra Cristóbal que ya se tramita en el fuero Penal Tributario. El fiscal también pidió la indagatoria del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y del socio de López, Fabián De Sousa.
Pollicita es desde 2008 el fiscal de la causa originada por Carrió y Oliveto Lago contra los Kirchner, empresarios K como Báez y López, el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios. El eje de la denuncia era una supuesta asociación ilícita en torno a la obra pública y otros contratos.
"En diciembre de 2008, se inició una investigación penal a partir de la denuncia formulada por una serie de legisladores nacionales orientada a que se investigara en esta sede la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Carlos KIRCHNER (f) y conformada por funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido número de ―empresarios amigos‖ entre ellos, Lázaro BÁEZ, Cristóbal Manuel LÓPEZ y Carlos Fabián DE SOUSA, destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos, a través de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado delictivo, entre las que se encuentra la firma OIL M&S S.A", dijo hoy el fiscal.
"Desde un organismo de la administración estatal —en este caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos— junto con los empresarios y sociedades sospechadas de tener vinculaciones personales y comerciales con el matrimonio presidencial se orquestó una maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles de veces millonarios, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De Sousa", agregó Pollicita en su dictamen. Pollicita se basa en la denuncia de la AFIP contra López por haber evadido $ 8 mil millones a través de su firma Oil Combustibles y haber utilizado esos fondos para financiar otras empresas. El juez Furnari dictó una medida cautelar y amplió la intervención a todas las empresas del Grupo Indalo. Así, la maniobra delictiva de López ahora se extiende a empresas clave que hicieron negocios con los gobiernos kirchneristas. Pollicita analiza cómo la maniobra se extendió a otras empresas como la financiera M&S, considerada la madre de Grupo Indalo.
"El dinero obtenido a través de la maniobra fraudulenta descripta, el cual según la denuncia, habría retornado al matrimonio presidencial, en concepto de alquileres inmobiliarios de propiedades" de los Kirchner. Por eso para el fiscal, la maniobra de la AFIP y López "se ejecutó al amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios". Aunque son legales, sostiene la fiscalía federal número 11, "permitieron que la firma OIL no abonara el impuesto a los combustibles líquidos (en adelante ICL) ya recaudado y acumulara una deuda con el Fisco Nacional varias veces mayor a los bienes de uso y cambio de la petrolera".
(*) De la redacción del Diario PERFIL, especial para Perfil.com
