Facundo Leal, funcionario de la empresa pública de telecomunicaciones ARSAT, se convirtió en una bomba de tiempo para el Gobierno. Lo que pueda declarar el mendocino en la Justicia, en el marco de una causa por posible malversación de fondos, inquieta a los hermanos Javier y Karina Milei. Mientras que el futuro de la compañía puede cambiar de manos siempre y cuando avance la Ley Hojarasca en el Senado, con actores de peso interesados en el control del directorio.
El integrante de la administración pública, que hace 20 años se desempeña en la firma y tuvo un paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tiene un panorama judicial complejo. Permanece detenido y es investigado por presunto pago de coimas, defraudación al Estado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y tenencia de drogas. Con el aliciente de que la causa, en manos del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, entrega novedades de manera constante.
El hecho sólo alimentó la preocupación de la cúpula del Ejecutivo. El temor concreto es que hable y pueda comprometer a funcionarios libertarios con responsabilidades sobre el área. Y que la agenda pública quede eclipsada, una vez más como sucedió con la causa de presuntas coimas en el ANDIS o el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien se lo investiga por su evolución patrimonial.
Por eso, en la Casa Rosada insistieron con la versión que ya habían lanzado cuando estalló el escándalo: que es un hombre de la función pasada y que aguardarán determinaciones para actuar
Por otro lado, de acuerdo a lo que pudo averiguar PERFIL, puede que existan modificaciones en el directorio. El oficialismo evalúa dar una señal para amortiguar el impacto mayúsculo que significó que un funcionario esté comprometido en un presunto esquema de corrupción vinculado a contrataciones y manejo de fondos públicos. Y que nadie lo haya detectado en más de dos años.
El temor concreto del Gobierno es que Leal hable y pueda comprometer a funcionarios libertarios con responsabilidades sobre el área.
Además de este gesto, en Balcarce 50 hay conversaciones sobre qué pasará con la compañía a partir de ahora. Están quienes se desempeñan en ARSAT que creen que todo lo sucedido sirvió como un incentivo para acelerar la privatización de la compañía.
Que la firma salga de la órbita estatal siempre fue uno de los grandes objetivos de LLA. Así lo refleja la primera versión de La Ley Bases de 2024, en la que figura la empresa como sujeta a privatizar. Por presión opositora, se quitó. Pero el oficialismo insistió para su desguace con la reciente Ley Hojarasca, que recibió media sanción en Diputados y resta su debate en la Cámara alta.
La reveladora declaración jurada de bienes del ex funcionario Facundo Leal
El texto deroga la ley de bienes bienes culturales, que establece un tope del 30% a la participación del capital extranjero en medios de comunicación. Esto abre la posibilidad de que un actor del ámbito privado se meta de lleno en el emprendimiento del Estado de telecomunicaciones. Una de las versiones que corrió es que Leonardo Scaturicce, dueño de Flybond y de OCA,y con buenas conexiones oficiales, sobrevuela ARSAT, con intenciones de quedarse con el paquete accionario. Una chance que es negada de plano por fuentes libertarias.
Otros trascendidos hablan de un interés por adquirir la firma de parte del magnate Peter Thiel, dueño de Palantir, una empresa tecnológica norteamericana que se dedica a la IA y la recolección de datos. El ejecutivo se reunió en abril on el Presidente y hubo al menos cinco visitas del Departamento de Estado a la sede de la compañía que tiene sede en Benavidez, provincia de Buenos Aires. Movimientos que hablan por sí solos.
Al momento de hablar de desplazamientos, fuentes de la compañía aportan qué sucedió en los últimos dos años con Leal. De perfil muy bajo, con muy pocas apariciones en la sede de ARSAT, iba directamente al despacho de presidencia para no ver las caras de los trabajadores. “El que lo cruzaba, lo puteaba”, dicen ante este medio algunos empleados. Los insultos tenían un motivo: fue funcional a la gestión Milei por congelar paritarias y despedir personal.
“Mientras a Leal le encontraron miles de dólares, los propios trabajadores tienen prácticamente congelados sus salarios y muchos ingenieros y profesionales se fueron por ese motivo”, denunciaron. A su vez, cuestionaron “el vaciamiento y desfinanciamiento a Arsat”.
