El Gobierno avanza en un plan para desvincular a Pablo Biró, el influyente líder del sindicato de pilotos APLA, de la dirección de Aerolíneas Argentinas. Es que como principal accionista de la aerolínea, el Estado convocó a una Asamblea General Ordinaria para el próximo 16 de octubre a las 11 horas, con un segundo llamado a las 12. Allí, la administración de Fabián Lombardo buscará destituir a Biró del directorio, lo que marcaría el fin de su representación como voz de los trabajadores. Esta decisión se tomó en medio de un contexto de paros y conflictos en las últimas semanas, que afectaron a casi 40.000 pasajeros.
La asamblea se llevará a cabo en las oficinas de la empresa en el aeroparque metropolitano. Se propondrá la “Designación de dos accionistas para firmar el acta; remoción con causa del director Pablo Biró por violación de los deberes impuestos a los directores conforme el artículo 59, 274 y concordantes de la ley de Sociedades”. Además, se planteará el inicio de una acción social de responsabilidad en contra de Biró, buscando indemnizar a la sociedad por los daños ocasionados por su accionar, que se considera perjudicial para el correcto funcionamiento de la empresa.
La convocatoria a la asamblea fue decidida en una reunión del directorio, donde se aprobó la presencia de un representante del Estado, que posee aproximadamente el 99.99% de las acciones de la compañía, y otro del Programa de Propiedad Participada (PPP), que representa menos del 1%. Los directores, en su mayoría, son representantes del Estado Argentino, lo que sugiere que la expulsión de Biró es altamente probable.
Mientras Biró mantenga su influencia entre los pilotos, se prevé un aumento de la conflictividad entre la aerolínea y sus comandantes. Un dato significativo es que actualmente solo el 0,00001422% de las acciones de Aerolíneas Argentinas están en manos de los trabajadores, lo que ha permitido que Biró conserve su puesto en el directorio hasta ahora.
La gran ofensiva legal que dispara el gobierno para destituir al piloto está fundada en el artículo 59 de la ley de sociedades, donde se establece que "los directores deben actuar con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios". Desde la Casa Rosada argumentan que las acciones de Biró han perjudicado a la empresa, a pesar de su inmunidad gremial. Este aspecto legal se convierte en una herramienta para que la empresa intente una acción directa por daños contra Biró, buscando resarcir los perjuicios causados, aunque la viabilidad de tal acción es cuestionable y es probable que se eleve en distintas instancias judiciales.
La presencia de Biró en el directorio tiene sus raíces en 2019, cuando fue designado como director en representación del Programa de Propiedad Participada (PPP), un esquema creado durante la privatización de la aerolínea en los años 90. En aquel entonces, se ofreció a los empleados la oportunidad de adquirir acciones de la compañía, un proceso conocido como el del “Director Obrero”, según los propios sindicatos.
El contexto se remonta a 1994, cuando se decidió privatizar la aerolínea, permitiendo a los empleados adquirir el 10% de las acciones. Era un requisito ser parte de la nómina de trabajadores en ese momento. La normativa estipulaba que la compañía, al pasar de ser una sociedad estatal a una anónima, debía mantener la figura del director obrero siempre que el paquete accionario superara el 5% del total. Sin embargo, con el paso del tiempo y la dilución del capital, esa participación ha disminuido drásticamente, situándose en el insignificante 0,00001422%. A pesar de esto, el Estado ha permitido que Biró mantenga su representación en el directorio, aun cuando ya no cumple con el requisito del 5%.
Es importante señalar que Biró nunca ha tenido acciones en la PPP, ya que se unió a la aerolínea después del reparto inicial. No obstante, para ser representante en el órgano decisional no es necesario ser titular de acciones, aunque sí lo es para los miembros del comité ejecutivo.
A pesar de que la aerolínea nunca ha invocado la cláusula que estipula que el asiento se mantendrá siempre y cuando las acciones superen el 5%, podría considerarse esta opción. Sin embargo, es evidente que cualquier camino que se elija resultará en conflictividad, afectando la operación aérea, al menos mientras Biró siga al mando de los comandantes.
La fiscalía desestimó la denuncia de Bullrich
Por su parte, el fiscal federal porteño Franco Picardi ha determinado que debe cerrarse por inexistencia de delito una denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra Biró, por supuestas extorsiones y amenazas. En su dictamen, Picardi explicó que la actitud de Biró “lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato”.
Aerolíneas Argentinas: ¿Un gigante a la deriva?
Las declaraciones de Biró, enmarcadas en el conflicto con Aerolíneas Argentinas, advertían que la situación “se va a poner mucho peor”, lo que llevó al Ministerio de Seguridad a presentar la denuncia por preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de la aerolínea y la seguridad de los pasajeros.
El fiscal argumentó que las expresiones de Biró encuadran en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en el contexto de un conflicto gremial. Picardi subrayó la importancia de que el derecho penal solo se utilice cuando existan elementos suficientes que lo justifiquen, concluyendo que las expresiones del líder sindical forman parte de la defensa de derechos laborales y sindicales, que son fundamentales y reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
JD / Gi