Lo había anticipado. Y una serie de encuestas y estudios de opinión pública se lo confirmaron: Mauricio Macri anunció que vetará la ley antidespidos sancionada por el Congreso, a la que consideró “una ley antiempleo” y habló de un “cepo laboral”.
El escenario fue cuidadosamente elegido: la empresa recuperada Cresta Roja, uno de los conflictos con los que se topó no bien asumió, cuando armaron piquetes en la entrada al aeropuerto de Ezeiza en reclamo de 1.300 puestos de trabajo.
“Voy a vetar una ley que es contra los argentinos”, dijo Macri, quien incluso elevó su voz en su discurso. No fue casualidad: en los estudios que había encargado el asesor estrella, Jaime Duran Barba, la conclusión era que el veto formaba parte de un refuerzo de la imagen de autoridad y que no le implicaría, para el electorado que lo ve con simpatía, mayores riesgos. Es más: lo hacía ver bien distinto a Fernando de la Rúa, interpretaron cerca del presidente.
Durante su discurso de ayer en Esteban Echeverría, junto a la gobernadora, María Eugenia Vidal (muy activa políticamente en estos días), y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el presidente aprovechó para culpar al kirchnerismo de intentar poner “palos en la rueda” de su gestión y recordó que Cristina Kirchner y otros ex funcionarios habían descartado esta iniciativa en el pasado.
Macri además criticó a los impulsores de la norma que “ponen cepos al trabajo, sin importarles todos aquellos que hoy trabajan en negro o que no tienen trabajo”.
La ley, que fue impulsada por el Frente para la Victoria en el Senado, prohibía los despidos por 180 días y obligaba a una doble indemnización. Esta iniciativa alcanzaba también al empleo público, una suspicacia a esta altura.
En Diputados, el PRO, con Emilio Monzó a la cabeza, ensayó una diagonal: incluir en el proyecto un capítulo para excluir a las pymes y que, ante un despido, exista un tratamiento preferencial, a modo de conciliación, en el Ministerio de Trabajo. Si se incluía esto, la idea era que se constituyera un veto parcial. Sin embargo, ni el kirchnerismo ni el massismo aceptaron.
Ayer en la Casa Rosada minimizaban cualquier impacto político sobre el veto. “Hace un mes que hablamos de esto y no le interesa a nadie”, confiaron las fuentes a este diario. Y descartaron que tenga algún impacto en la imagen del Presidente, quien sí había perdido unos ocho puntos con el aumento de tarifas, según reveló ayer Duran Barba en Radio La Red.
Voces a favor y en contra. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó que el Gobierno siempre fue “muy crítico de la ley” de emergencia ocupacional “porque creemos que tiene más que ver más con una situación de especulación política que con la intención de ayudar verdaderamente a los trabajadores”.
En la misma línea, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, opinó: “El veto parte de la convicción y el compromiso que tiene el Presidente de decir la verdad, de no adoptar actitudes demagógicas. Esta ley genera desconfianza, pesimismo, habla de la crisis del empleo pero esa crisis es estructural. La única forma de salir de ese problema es con inversiones y en estos cinco meses todo lo que se hizo fue para generar condiciones y que lleguen las inversiones”.
Al acto había sido invitado el intendente de Esteban Echeverría,el justicialista Fernando Grey. Sin embargo, Grey decidió no asistir al acto porque, según argumentó, no compartía “el veto” presidencial a la ley aprobada por el Congreso.
Triaca busca frenar un paro
Tras el anunciado veto, el macrismo confía en que los principales sindicatos no se acoplen a un paro general, tal como amenazó la CTA de Pablo Micheli y la del kirchnerista Hugo Yasky.
En ese marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con la colaboración externa de Diego Santilli, vienen trabajando en “aflojar” la tirantez con los caciques sindicales para que no pasen a la ofensiva.
“No va a haber paro general”, afirmó, tajante, uno de los funcionarios del PRO que dialoga con ellos. “Los gremios no quieren quilombo y venimos trabajando con ellos con el tema de las obras sociales, que es lo que más los preocupa realmente”, agregó la misma fuente.
En ese marco, ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó que algunos dirigentes gremiales “han planteado una línea más conflictiva desde el primer día del Gobierno, que tiene que ver con cuestiones ideológicas y no con temas puntuales”. Un dardo elíptico para la CTA, a quien el Gobierno buscará aislar en sus reclamos en las próximas horas.
