El Gobierno decidió no enviar al Congreso el proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la obra pública, aunque prevé emitir un decreto que aplicará un techo de 15% a las ofertas en las licitaciones respecto del costo que fije el Estado para una construcción, entre otras normas para la realización de obras por parte del Estado.
La mayor novedad en la nueva normativa será que habrá un tope de 15% a la variación de las ofertas respecto del costo que fije el Estado para una obra: es decir que si el trabajo está designado en $100 millones de presupuesto, las ofertas en las licitaciones no podrán ser inferiores a 85 ni mayores a 115. Si las ofertas superan dicho monto, la decisión caerá directamente sobre el ministro y no sobre secretarios u otros funcionarios.
Desde Casa Rosada justificaron la decisión de no pasar la ley por el Congreso y dijeron que "el decreto será firmado por el Presidente antes de fin de mes y tendrá casi las mismas reformas que figuran en el borrador del proyecto".
Esta normativa evitará -según el oficialismo- una cartelización en el mercado de la construcción por parte de los grandes jugadores, ya que desde el Gobierno creen que el caldo de cultivo para la corrupción en las obras estaba dado por el libertinaje en la modificación sin control de los presupuestos luego de las licitaciones.
En el Ministerio del Interior -cuyos funcionarios confeccionaron el proyecto de ley que ahora será decreto- destacaron a la agencia estatal de noticias, que "las empresas constructoras se mostraron a favor de este cambio aunque habían sugerido otro esquema", y los gremios vinculados a la construcción "ya expresaron su acuerdo en la firma del pacto con la Uocra y la CAC".
