El Gobierno se metió en la pelea judicial y logró que intervenga el Fuero Contencioso
La Jefatura de Gabinete decidió jugar de inmediato en el ámbito judicial. Con el patrocinio del procurador Rodolfo Barra presentó un escrito para pedirle a la Justicia que el expediente no se trate en el Fuero Laboral. Se trata de la demanda que hizo la CGT para que se declare inconstitucioal el capítulo referido al trabajo. El procurador consiguió que el Fuero Contencioso Administrativo se haga cargo de la causa. Barra conoce estos tribunales.
Activos. Nicolás Posse con patrocinio de Rodolfo Barra eligieron tribunales. |
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El gobierno de Javier Milei se presentó en uno de los expedientes judiciales que se tramitan contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Por medio de un escrito, la Jefatura de Gabinete, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, pidió que la demanda de la CGT sea tratada en el Fuero Contencioso Administrativo y el juez Esteban Furnari lo aceptó.
Vale recordar que la CGT había pedido que se declare la inconstitucionalidad del Título IV referido al trabajo y que se suspenda su vigencia. “No encuentro que se den razones graves y objetivamente impostergables que habiliten el dictado de una medida cautelar interina, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia”, planteó el juez José Ignacio Ramonet. Esa decisión fue apelada y pasó a definir la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, mientras que este viernes el decreto entró en vigencia.
En ese marco, el gobierno planteó “cuestión de competencia por vía inhibitoria” y le pidió a Contencioso que declare que el Fuero del Trabajo resulta incompetente para entender en la causa. En el escrito al que accedió PERFIL, pidieron que sea el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°2 el que se quede con el planteo de la CGT, ya que es ahí donde se radicó la primera presentación contra el DNU, firmada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
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Después del mediodía de este viernes, el juez aceptó el pedido y le requirió a la Justicia Laboral que le remita el expediente “con el propósito de generar las bases para brindar una respuesta jurisdiccional adecuada y unívoca al caso que se viene planteando en distintas jurisdicciones y fueros”.
En la presentación, firmada por Barra y los abogados Rodolfo Aguirre y Carina Soledad Maidana, habían incorporado un apartado con consideraciones acerca del planteo de la CGT. “El DNU 70/2023 fue dictado por el Poder Ejecutivo en pleno ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, en el contexto de una severa crisis económica que atraviesa el país”, afirmaron.
En ese sentido, ratificaron la postura del gobierno respecto de que la norma cuestionada “cumple con los requisitos formales, constitucionales y legales para su dictado”.
Según la Procuración, el decreto fue dictado en ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución; ello sobre la base de “circunstancias excepcionales y razones de necesidad y urgencia; y sin regular ninguna de las materias prohibidas por la Carta Magna. “Fue remitido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”, afirma el documento.
Desde el gobierno también le explicaron a la Justicia que el conjunto de medidas dispuestas por el DNU están motivadas en el contexto de urgencia que impone la crisis económica. Ese factor, indicaron, “resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”.
“Tales circunstancias tornaron necesario una inmediata respuesta normativa que el Congreso Nacional difícilmente podría haber resuelto con la rapidez que se requería”, agregaron en el documento.
En otro de los párrafos del escrito, los abogados del Estado opinaron que las políticas que implementó el anterior gobierno “provocaron un severo riesgo de hiperinflación”, por lo que “fue imperioso eliminar las barreras y restricciones estatales que impiden el normal desarrollo de la economía”.
Tras la presentación, el juez Esteban Furnari dispuso girar el planteo al Ministerio Público Fiscal para que dictamine. La definición pendiente le corresponde al fiscal subrogante Miguel Ángel Gilligan.
No llama la atención el hecho de que la Casa Rosada plantee una cuestión de competencia y pretenda que el llamado “fuero de la gobernabilidad” trate una de las demandas de mayor peso contra el DNU. Barra, procurador del Tesoro y patrocinante de la presentación, es un letrado con un altísimo conocimiento de los nombres contenciosos.
Desde que se publicó el DNU en el Boletín Oficial comenzaron a llover presentaciones judiciales en contra, mayoritariamente ante el Fuero Contencioso.
Como se mencionó, la primera fue del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que se tramitará como un proceso colectivo. Se sumó luego un planteo de acción declarativa de inconstitucionalidad junto con un pedido de cautelar para que se suspenda el DNU firmado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y otro planteo con la firma del extitular del Colegio de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo. Por decisión del juez Walter Lara Correa, estos últimos tramitarán junto con “Observatorio”.
También hubo una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que fue girada a fiscalía para que dictamine respecto de la competencia. Además, la Federación Argentina de Municipios (FAM), integrada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y otros quinientos jefes comunales del país, adelantó que el martes presentará un amparo en Tribunales contra el DNU.
