El juez federal Claudio Bonadio comenzó a interrogar a los funcionarios vinculados con el caso "dólar a futuro" y expuso las razones por las que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó imputada como autora de la "decisión expresa" que dio vía libre a la operatoria.
Según el magistrado, la exmandataria y su último ministro de Economía, Axel Kicillof, tomaron la decisión en las postrimerías de sus mandatos de vender "dólar a futuro" a una cotización que derivó en un "daño" para el erario.
Estas afirmaciones del juez se conocieron en el marco de las últimas horas en los Tribunales federales de Retiro, donde las declaraciones indagatorias a exfuncionarios del Banco Central ya comenzaron y tendrán el 10 de abril a Kicillof y el 13 a Cristina Fernández.
Según Bonadio, la operatoria le generó al Banco Central una pérdida de más de 77 mil millones de pesos.
La descripción de los hechos que el juez lee a los imputados en la indagatoria (en este caso a Flavia Marrodán, ex directora del BCRA), parece describir un cuadro donde les reprocha el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", pues atribuye especialmente a Fernández de Kirchner y a Kicillof haber tomado la "decisión política" de la venta de dólares de la reserva federal a un precio inferior al que cotizaba en el entonces existente "mercado blue".
La operatoria, explicada en su momento como una forma de contener la presión hacia la divisa estadounidense en el final del kirchnerismo, "excedía la capacidad de decisión burocrática de los directivos" del Banco Central, según la descripción hecha por Bonadio.
"No pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica", opinó el juez, indicaron fuentes tribunalicias.
A los demás convocados, entre ellos el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, se les imputó "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico administrativas" que habrían resultado en una "violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".
La descripción de los hechos indica que los funcionarios del área económica del anterior gobierno "de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".
Esas operaciones, según el juez, se concretaron "en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional".
Esa descripción, según fuentes judiciales, parece encuadrar en otras figuras del Código Penal como "administración infiel" e, incluso, "malversación de caudales públicos".
Sin embargo, dijeron, en numerosos expedientes en los que fueron investigados mandatarios de todos los niveles, los tribunales consideraron que las determinaciones adoptadas en el marco de las facultades que les conceden la Constitución y las leyes son "decisiones políticas no judiciables".
Bonadio consideró que la venta de "dólar a futuro" apuntaba a "mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración".
