Uno de los participantes más esperados de la nueva jornada de debates sobre la legalización del aborto en el Senado fue el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien fue criticado por su presentación. El funcionario brindó una serie de datos estadísticos para respaldar la conveniencia de legalizar el aborto, lo que generó críticas de los senadores que se oponen al proyecto, incluidos algunos oficialistas. Indicó, entre otras cosas, que "el costo por aborto" en la actualidad (que incluye la atención de las consecuencias de abortos mal practicados) es de 11.500 pesos, mientras que "la proyección para la legalización es de 1.914 pesos" a causa de la "reducción dramática de las complicaciones".
En la misma línea, Rubinstein sostuvo que el costo anual estimado para el sistema de salud es de 4.078,30 millones de pesos y con la legalización se reduciría a 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el Estado de 3.400 millones de pesos. Según el funcionario, "en caso de que la ley fuera sancionada, el aborto sería en el 90 por ciento de los casos farmacológico", con misoprostol y mifepristona, esta última aún no permitida en la Argentina.
Sobre esto, Rubinstein indicó que "el misoprostol hoy se consigue en mercados secundarios, por ejemplo en Mercado Libre, por entre 3.000 y 5.000 pesos" y que, si se aprobara la ley, "el costo sería 30 veces menor" con producción estatal. Luego de aclarar que solo hay cifras estimadas, debido a que la clandestinidad de la práctica no permite contar con estadísticas precisas, Rubinstein señaló que en los últimos cuatro años hubo "47.076 abortos de los cuales el 70% es aborto en condiciones inseguras".
El titular de la cartera de Salud subrayó que "en los países que tienen aborto legal ha habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos". "El aborto es un problema de salud pública porque produce muertes evitables y sobre todo en mujeres con alta vulnerabilidad social. Los países restrictivos no reducen la muerte por abortos y aumentan el aborto clandestino e implican mayores costos para el sistema de salud", remarcó.
Sobre el final de su exposición, Rubinstein se refirió al intento de los senadores Cristina Fiore (Salta-PARES) y Guillermo Snopek (Jujuy-Justicialista) de impedir su exposición debido a una supuesta relación del ministro con Planned Parenthood Foundation, una ONG dedicada a la planificación parental: "He tenido algunas difamaciones. Yo vengo de la investigación, soy investigador del CONICET, dirigí la Facultad de Medicina de la UBA. No conozco la Planned Parenthood Foundation, no tengo nada que ver", expresó el ministro.
El oficialista Esteban Bullrich, también en contra del proyecto, le cuestionó al ministro que está "eligiendo el camino más fácil, que es el aborto" en lugar de "trabajar para prevenir los embarazos no deseados". Además, lanzó una chicana contra Pichetto por haber defendido al ministro: "Se ha hecho macrista. Es bueno porque ahora se viene el Presupuesto y lo necesitamos de este lado". El justicialista catamarqueño Dalmacio Mera, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lanzó: "Usted como ministro de Salud se olvidó de nombrar el embrión, el feto, el niño por nacer. La verdad, pensé que estaba escuchando al ministro de Economía, no al ministro de Salud".
OTROS INVITADOS
El exsubsecretario de Salud de Uruguay Leonel Briozzo fue uno de los uruguayos presentes este martes en el Senado de la Nación que expusieron sus opiniones a favor y en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El exfuncionario explicó que, en su país, a partir de la legalización del aborto, "las muertes maternas han disminuido, hoy Uruguay tiene el privilegio de estar ubicado en segundo lugar con indicadores solo mejorados por Canadá".
En línea con los datos que ofreció el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, el exfuncionario uruguayo remarcó que "es clara la tendencia de que cuando se legaliza la práctica el aborto disminuye" salvo "excepciones como Cuba" e insistió en que "si se quiere disminuir el número de abortos, la política adecuada para hacerlo es la legalización". En contraste, el diputado uruguayo Gerardo Amarilla, que se opuso a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, señaló que en Uruguay "la ley no consagra el derecho al aborto, establece la despenalización del mismo para ciertos casos". "Creemos que está comprobada la presión internacional y el financiamiento para que se aprueben este tipo de leyes que promueven una cultura de la muerte", agregó el legislador de la Cámara de Representantes de Uruguay.
El Senado retomó la audiencia pública sobre la legalización del aborto con la participación del exministro de Salud Ginés González García, quien afirmó que "hay una evidencia mundial absoluta de que esta ley tiene que ver con la reducción de la mortalidad materna" y señaló que "en Argentina la ilegalidad genera muchas consecuencias", entre las que destacó la "enorme cantidad de internaciones". "Tenemos la ocasión de ser huéspedes del G20, ningún país del G20 salvo nosotros tendría esta legislación restrictiva sobre aborto. Es una vidriera al mundo y este es un tema que empieza a ser clamor en la Argentina", agregó.
Por su parte, el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Schiavone, rechazó la iniciativa y sostuvo que "esta ley atenta contra la solidaridad hacia el más débil, anula la solidaridad más profunda que es la de una madre con su hijo, cultiva el individualismo y promueve el egoísmo". "¿En estas condiciones socio-sanitarias consideran ustedes que el aborto legal será seguro? El aborto legal terminará siendo una forma de negar y perpetuar la pobreza, de ocultar la raíz profunda de los problemas", agregó Schiavone.
Otro de los invitados que se expresó en contra del proyecto fue el médico y extitular del PAMI Carlos Regazzoni, quien sostuvo que "una persona, desde el momento de la fecundación, tiene la dignidad de un ser humano" y agregó: "Relativizado el derecho a la vida, el 100% de los derechos de las personas pasan a ser relativos". Por su parte, el jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti, expresó: "Somos los obstetras quienes estamos en contacto permanente con la vida humana desde el inicio y por eso no podemos eliminar a un ser humano indefenso e inocente al que juramos defender".
La doctora en Derecho Eleonora Lamm respaldó el proyecto y señaló que "equiparar el feto a una persona es una construcción metafísica fundada en razones morales que no se corresponde con argumentos jurídicos ni biológicos y que también implica, como mínimo, convalidar actos de tortura". También defendió que se le permita a una adolescente acceder a un aborto, al indicar que "la interrupción del embarazo hoy no es un tratamiento invasivo, podría acudir una adolescente por sí sola", aunque "sería bueno que vaya acompañada, pero acompañada por la persona que esa adolescente elija".
