El procurador Casal dictaminó que la Corte revise el planteo de La Rioja contra el de DNU de Milei
El jefe de los fiscales opinó tras un pedido del Máximo Tribunal, que viene de avisar que revisará el planteo post feria judicial.
Eduardo Casal |
Cedoc Perfil
A pocos días de que termine la feria judicial de verano, el procurador Eduardo Casaldictaminó a favor de que la Corte Suprema intervenga en el planteo de acción declarativa de inconstitucionalidad de La Rioja contra el Estado Nacional. Se trata de la queja contra el DNU 70/2023 de desregulación económica que promovió el gobernador Ricardo Quintelacon representación del ex juez cortesanoEugenio Raúl Zaffaroni.
"A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte", escribió en su dictamen el jefe de los fiscales a pedido del Máximo Tribunal.
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Vale recordar que el pasado 29 de diciembre, la Corte había resuelto tratar el planteo después de la feria judicial de enero.
Ahora, Casal sostuvo que "toda vez que la provincia de La Rioja (...) demanda al Estado Nacional, (...) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es suscitar la demanda en esa instancia". En consecuencia, "opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal", planteó Casal en una resolución firmada durante la mañana de este lunes.
Ricardo Quintela.
La Rioja fue la primera y única provincia que hasta el momento se presentó ante la Corte para pedir que se declare inconstitucional del DNU 70/2023 que firmó Milei en acuerdo de ministros.
Quintela había defendido en redes sociales la presentación al decir que el DNU en cuestión "produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario" a artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
El escrito de 30 carillas al que accedió PERFIL sostiene que la medida cuestionada "afecta concretamente a la provincia de La Rioja por cuanto se alteran múltiples actividades productivas y económicas, y se conmueven relaciones jurídicas que el Estado provincial mantiene con terceros". Además, plantea de entrada que la Constitución "ha sido amenazada y alterada" por el decreto, lo que representa una "distorsión del orden constitucional federal".
La Corte revisará el planteo después de la feria judicial.
Después, el escrito repasa que el instrumento se incorporó con la reforma constitucional de 1994 y que si bien hasta el momento se dictaron casi 900, "jamás un DNU había pretendido borrar masivamente tantas leyes". Cita, a su vez, el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que prohíbe al Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativas.
