La difusión a través de Elisa Carrió y la Coalición Cívica de grabaciones de diálogos de ex funcionarios kirchneristas detenidos había motivicado un pedido de excarcelación del empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín, pero este viernes el Tribunal Oral Federal Número 4 (TOF4) rechazó el planteo, señalando que "pese a esos audios, nada ha cambiado" en la causa que tramita el juicio por la ruta del dinero K. "No hay motivos para liberar a los acusados", señaló el fallo del TOF4.
Las defensas de los Báez y Pérez Gadín argumentaban que "estaban siendo espiados" en el penal de Ezeiza, enfatizando que los diálogos de los ex funcionarios Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta se habían obtenido "sin la correspondiente autorización judicial".
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Sin embargo, las juezas Adriana Paliotti y Gabriela López Iníguez, junto a Guillermo Costabel, destacaron en el fallo que rechazó las excarcelaciones que las escuchas de los diálogos carcelarios no aportaron datos concretos ni significaron cambios para la situación de los Báez y Pérez Gadin, en el marco de la causa que los afecta de la ruta de dinero K, por lo que no correspondía en consecuencia tampoco cambiar las condiciones de detención.
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Martín Báez fue detenido la semana pasada, por el mismo TOF que dispuso su prision preventiva por no presentarse en la audiencia que reanudaba el trámite del juicio por lavado de dinero de la ruta del dinero K, sino además por un pedido del fiscal del caso, Abel Córdoba, solicitando que se lo detenga por haber movido 5,5 millones de dólares cuando ya tenía una prohibición judicial para tales manejos financieros. El Tribunal consideró que esos movimientos de dinero de Martín Báez podían considerarse como un posible intento de "obstaculizar" el accionar judicial, por lo que se ordenó la detención del hijo mayor del empresario, de 39 años. Lázaro Báez y Pérez Gadín, en tanto, están en prisión desde abril de 2016.
La Justicia ya investiga la denuncia de Carrió, basada en un anónimo con la desgrabación de escuchas telefónicas, sobre una presunta una maniobra perpetrada por ex funcionarios detenidos en el marco de la causa de los cuadernos, entre ellos Baratta, para plantar sospechas sobre el fiscal del caso Carlos Stornelli vinculándolo con el cobro de sobornos. La legisladora de la CC aportó la desgrabación de las escuchas de Baratta y otros detenidos, indicando que "fue una operación política" perpetrada por presos en el penal de Ezeiza.
El Tribunal 4 rechazó los pedidos de los Báez al señalar que los argumentos sobre que se sienten espiados son haciendo referencia a supuestos hechos que nada tienen que ver con la causa por la cual ellos están en juicio oral y público, sumado a que Lázaro ya se le denegaron planteos similares y los mismos están pendientes de resolución en instancias superiores.
NA/H.B.
