La contención social desde el Estado fue uno de los pilares que, de Eduardo Duhalde hasta ahora, mantuvo lejos otro estallido como el de 2001. Esto se notó más que nunca durante la pandemia de coronavirus. La crisis económica no fue peor en Argentina, en gran parte, por los planes sociales que administra el Estado.
Alberto Fernández los quiere unificar bajo el programa “Potenciar Trabajo”: el objetivo de largo plazo es convertir un subsidio en empleo. Pero el manejo y el control de la gran mayoría de ese dinero está en manos de las organizaciones sociales. En especial, del Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, que creció como dirigente piquetero, luego fue funcionario bonaerense y hasta nacional en la época de Alicia Kirchner al frente de Desarrollo Social. Hoy es un hombre clave en el Ministerio que conduce Daniel Arroyo.
Las organizaciones sociales controlan 570 mil planes sobre un total de 770 mil. El dinero bajo su órbita ronda los 5 mil millones de pesos mensuales ($4.845 millones) solo en concepto de pago de cada plan, que hoy son 8.500 pesos.
Pérsico acumula poder y territorio. El dirigente del Evita es quien reparte al resto de las organizaciones. Su poder, dicen los que lo rodean -y él lo sabe- está por encima de muchos ministros del gabinete.
El Movimiento Evita que él lidera fue el que más creció durante la gestión de Macri -porque los planes nunca se cortaron- y sus líderes no tienen problema en confirmarlo. Administra entre un 30 y un 40 por ciento de los planes, según la fuente consultada.
Detrás de ella, la siguen la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que dirige el diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete. En tercer lugar está Barrios de Pie si se la toma en su conjunto, aunque esta "orga" está fragmentada.
El sector mayoritario está en manos de Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación, dentro de la estructura que maneja Pérsico. Menéndez comparte espacio político con Victoria Donda, titular del INADI, aunque allí podría haber una fractura en el corto plazo. La parte minoritaria la conduce Silvia Saravia.
Luego aparecen el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois y el Movimiento Popular La Dignidad, dirigido por Rafael Klejzer. Este último es director de la Secretaría de Economía Social. Todos, salvo Barrios de Pie, tienen algo en común y es que forman parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
¿Y La Cámpora? No tiene influencia en el manejo de los planes y por eso apunta ser parte del control de ese presupuesto y quiere hacerlo ampliando el liderazgo de Grabois y Menéndez. Por su parte, desde el Evita aventuran que "una de las orgas pesadas" será parte de su espacio en muy poco tiempo. Para eso trabaja Fernando Navarro.
El “Chino” es el otro líder del Evita y desde diciembre también ingresó formalmente al Estado como secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Su oficina está en la Casa Rosada. El Movimiento Evita fue la primera organización que pidió hacer “albertismo”. El presidente Alberto Fernández los escucha más que a cualquier otra organización y le sirve como contrapeso de poder del resto de las “orga”, incluida la que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.
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Ejecución. Pero el Potenciar Trabajo, que sería la unificación de todos los planes, genera disputan interna. La clave estará en quiénes controlarán las unidades ejecutoras, que deberán analizar los proyectos de trabajo que serán financiados por el Ministerio con dinero extra, deparado del hoy va al pago de los planes.
En el proceso de convertir un subsidio en un proyecto de trabajo, las Unidades Ejecutoras serán el nexo entre el Ministerio de Desarrollo y los beneficiarios que presenten los proyectos de parte de organizaciones de la economía popular.
El principal problema que se visualiza es que, al igual que ahora, los intermediarios están de los dos lados del mostrador porque son los que seleccionan a los beneficiarios y también los que se controlan desde el Ministerio.
La disputa por el manejo de ese espacio enfrenta a gobernadores e intendentes del conurbano con las distintas organizaciones, que tampoco trabajan en conjunto. Las fuentes consultadas por PERFIL que participan de esta negociación coinciden que esta disputa es feroz. Y que frena el arranque de los proyectos.
Para evitar esto y ayudar a darle un marco legal a las iniciativas, desde la Oficina Anticorrupción confirmaron a PERFIL que el organismo prepara un plan de acompañamiento y control de los fondos a utilizar.
Presupuesto. Ante consultas de este medio a funcionarios y dirigentes, lo que no termina de quedar claro es el número preciso del presupuesto total para las herramientas y materiales necesarios para los proyectos. “Todavía no sabemos con cuánto dinero vamos a contar en 2021”, se sinceró un responsable del área. “Nuestro ideal son 100 mil pesos por año por cada trabajador”, agregó. Si son 370 mil planes, será cuestión de multiplicar.
RI/MC
