En detalle, las modificaciones más importantes del proyecto Ómnibus

1. Retenciones: continúa el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al  15%. Un pedido de gobernadores y miembros de la oposición.

2. Privatizaciones de empresas públicas: en principio, se excluye a YPF, que continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal, pero no se descartan que ingresen otras a la nómina en la que está la petrolera, como Banco Nación, Arsat, YMAD y Nucleoeléctrica. Ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso.

3. Eliminación de la Ley de movilidad jubilatoria: queda de lado la idea del Ejecutivo de otorgar aumentos por decreto y se pretende consensuar una nueva fórmula, que podría quedar atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con haberes que se actualicen según la inflación del mes anterior. 

4. Reforma electoral: se mantiene el sistema actual y quedaría afuera la propuesta de uninominalidad de circunscripción. La apuesta de LLA es generar un proyecto aparte de la ley en debate y que sea tratado en marzo, en sesiones ordinarias. 

5. La eliminación de la emergencia social, sanitaria y en Defensa: gracias a la normativa vigente, el Poder Ejecutivo Nacional puede tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación. En el proyecto original había 12 temas propuestos para sancionar su emergencia, sacarían al menos tres. 

6. Fondo de Garantía de Sustentabilidad: se introduce como requisito del  Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos  (luego de ser transferidos) que deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones establecida en la Ley 23.696. Fue un pedido expreso del referente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, a Martín Menem.

7. Pesca: a pedido de los gobernadores, se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina, el sistema de licitaciones no será internacional y siguen los requisitos actuales para la tripulación local. 

8. Hidrocarburos: en otra concesión a los líderes de ejecutivos provinciales, se incluye la aclaración “Nacional o Provincial, según corresponda” para evitar cualquier duda sobre competencias de las Provincias en la materia, y en todo el articulado. Sigue  la facultad de las administraciones provinciales de controlar el plan de inversión.

9. Biocombustibles: se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales. 

10. Licitaciones de biocombustibles: en pos de dotar de transparencia, se determina un régimen único, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento.

11. Reorganización económica: se elimina el capítulo de la ley de sociedades que permiten la salida intempestiva de socios con hasta el 49% de la sociedad. Según abogados, la normativa podía disolver a miles de empresas estructuradas bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas, manifiesta. Y se incorpora cláusula para que los no residentes no pueden regularizar bienes a nombre de terceros.

12. Bienes personales: se incluye beneficio a contribuyentes cumplidores (de acuerdo al artículo 187) y se consagra la reducción de la alícuota por tres años.

13. Transición energética: inclusión de las provincias en las mesas técnicas de trabajo para el diseño del modo de asignación de derechos de emisión y la implementación del modo para establecer los límites de derechos de emisión anuales.

14. Facultades delegadas al Poder Ejecutivo: el proyecto original contemplaba dos años con chance de extenderlas por el mandato completo. Ahora, después del entendimiento con la oposición, se reduce a un año con posibilidad de otro más. La discusión es sobre quién autoriza el segundo año. El Gobierno pretende que sea el Ejecutivo.