Con total hermetismo, y en diálogos privados, el Gobierno comenzó a alentar al empresariado, en particular a los involucrados en el Club de la obra pública kirchnerista, a un proceso de “descontaminación”. En otras palabras: que una generación de empresarios dejen sus lugares y se “autopurifiquen”.
Esta es la principal conclusión a la que arribaron en la “mesa chica” del presidente, Mauricio Macri, bajo la hipótesis de que un Lavajato argentino, producto del caso de los cuadernos, termine afectando seriamente el devenir de las obras públicas y atente contra un hipotético crecimiento para el año que viene.
En la Casa Rosada admiten que hay una seria preocupación por las consecuencias económicas de los movimientos de Comodoro Py, pero a la vez, aseguran que “hay una industria de la obra pública contaminada”, por ello preparan “medidas preventivas” para apaciguar el tsunami que supone que gran parte de las empresas más grande del país terminen con sus dueños y directivos presos.
“Para nosotros tiene que haber una renovación de la dirigencia empresaria, descontaminarla”, revela un funcionario de una influencia decisiva en la cabeza del presidente.
En la Rosada creen que un Lava Jato argentino puede afectar el devenir de la obra pública
En este marco, en el oficialismo, asesorado por la mesa jurídica de abogados cercanos al presidente, creen que lo ideal por estas horas es que, de manera masiva, aquellos que están involucrados de manera directa dejen sus cargos directivos. El caso testigo: Aldo Roggio, quien declaró como “arrepentido” y reveló que pagó coimas al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Según reveló, el 5% de la masa de subsidios para las concesiones del tren Urquiza y para Metrovías, a cargo del subte. El empresario cordobés fue el primero en presentar su renuncia el viernes como presidente y director general de Benito Roggio e Hijos, además Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (CLISA). “Fue una iniciativa razonable, esperemos que otros sigan el mismo camino”, le dijo ayer a PERFIL una influyente fuente con despacho en Casa Rosada. Y agregó, socarronamente: “Lo hizo casi solito”.
El camino de Roggio, para la Casa Rosada, se trata, entonces, del alejamiento de personas físicas, accionistas y directivos para “salvar” sus empresas. “Tienen que autoexcluirse quienes formaron parte de los doce años de kirchnerismo”, concluyó la misma fuente oficial.
Por ello, el Ejecutivo analiza medidas para alentar a los directivos a que se alejen. Una idea que ya salió de la “mesa de emergencia” en la que participan el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los tres ministros con obras (Transporte, Energía e Interior), más el Procurador del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, es renegociar “uno a uno” cada contrato y firmar una suerte de documento de “buenas prácticas”. Pero con eso no alcanzaría.
Obra pública: en la Rosada trabajan en una nueva ley para regular los contratos
“Los empresarios que se nieguen se van a hundir”, se lo escuchó decir al jefe de Estado en los últimos días. En su entorno dicen que “no va a proteger a nadie” pero que la prioridad es “mantener la obra pública”.
“Los empresarios están jodidos, van a caer más tarde o más temprano. ¿Quieren que caigan sus empresas? O las venden, o se la pasan a sus hijos, pero algo van a tener que hacer”, razona uno de los funcionarios del comité de crisis. El Gobierno estudia algún tipo de marco legal para darles un “estímulo” a esos empresarios alcanzados por Comodoro Py.
A esto se le suma un problema adicional: el financiero. Por normas internacionales de los bancos, con directivos y accionistas “contaminados”, y con problemas judiciales, los créditos de esas empresas se pueden caer fácilmente lo que genería un inconveniente mayúsculo.
Activan tres proyectos vinculados a la obra pública
En pleno Cuadernogate, el Gobierno trabaja en tres proyectos paralelos. En primer lugar, la vía civil-administrativa para intentar “recuperar lo robado”. El abogado Bernardo Saravia Frías, Procurador del Tesoro, con la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, están trabajando en este sentido para, con la Justicia, intentar avanzar en los casos de sobreprecios.
En segundo, lugar en el macrismo trabajan en una “ley de transparencia” que contenga una serie de decretos de los últimos dos años y medio referidos a los conflictos de intereses. Finalmente, una tercera iniciativa para rever las licitaciones y los pliegos para la adjudicación de obras públicas a futuro. PERFIL ya había adelantado la semana pasada esta idea con una nueva ley de obra pública, ya que la rige actualmente data de 1949.
