El creciente endeudamiento de las familias abrió un nuevo frente de discusión política que ya atraviesa las calles, el Congreso y la Casa Rosada. Mientras este jueves 20 la CGT, la UTEP y las dos CTA se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al aumento de la morosidad, en Diputados se acumulan cerca de 30 proyectos vinculados con el problema y el Gobierno mantiene su rechazo a una intervención estatal directa.
La movilización tuvo como destino el Palacio de Hacienda y reunió a organizaciones sindicales y sociales bajo un reclamo central, incorporar el endeudamiento de las familias y las pymes a la discusión sobre el rumbo económico. Las entidades advirtieron que la caída de los ingresos y del consumo se combina con un elevado costo financiero que dificulta pagar tarjetas y préstamos y, en el caso de las empresas, sostener el capital de trabajo.
La posición oficial marcha en sentido contrario. Javier Milei rechazó a comienzos de agosto que el Estado deba hacerse cargo de las dificultades de quienes tomaron créditos y definió la situación como un problema entre privados. Además, sostuvo que una intervención implicaría trasladar el costo al resto de la sociedad.
Días después, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó que la estrategia del Gobierno no contempla un programa público de rescate o refinanciación. “No le corresponde al Gobierno meterse en ese vínculo privado”, afirmó en conferencia de prensa. Según explicó, la solución debería surgir de acuerdos entre bancos y clientes para extender plazos y reducir tasas, mientras el Estado se concentra en bajar la inflación y estabilizar la economía.
Ese diagnóstico es justamente uno de los puntos cuestionados por las organizaciones que marcharon este jueves. En el documento difundido durante la convocatoria, sostuvieron que el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y pymes y reclamaron al Banco Central una mayor regulación de las tasas de interés.
También exigieron analizar específicamente la situación de las pequeñas y medianas empresas cuyas deudas comprometen el capital de trabajo y reclamaron un programa de refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos. El planteo sostiene que aliviar temporalmente las cuotas permitiría recuperar capacidad de consumo y sostener la actividad productiva.
La discusión ocurre en un escenario de crecimiento de la mora tanto dentro como fuera del sistema bancario tradicional. Un informe de Analytica elaborado sobre datos del Banco Central registró en mayo 19,8 millones de personas con algún crédito dentro del sistema financiero ampliado y 5,3 millones con al menos una deuda atrasada durante 90 días o más. La deuda total de las familias alcanzaba los $74,9 billones, equivalentes al 6,6% del PBI.
Entre quienes tenían deuda exclusivamente con bancos, el 20% registraba mora, porcentaje que ascendía al 28,4% entre los deudores exclusivos de fintech. La irregularidad medida sobre el volumen de crédito era del 12,6% en bancos y del 21,6% en fintech.
El Congreso acumula proyectos para los endeudados
En paralelo al reclamo sindical, la Cámara de Diputados acumula alrededor de 30 iniciativas vinculadas directa o indirectamente con el endeudamiento de los hogares. Las propuestas incluyen programas de refinanciación, límites al peso de las cuotas sobre los ingresos, regulaciones del crédito y mecanismos especiales para consumidores que ya no pueden afrontar sus obligaciones.
Una de las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria es el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, presentado por Natalia Zaracho junto con Itaí Hagman, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Hugo Yasky, Mario Manrique y otros diputados. El proyecto propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.
La propuesta busca establecer mecanismos que permitan reestructurar las obligaciones financieras de los hogares y reducir el peso de las cuotas, con especial atención a personas que recurrieron a tarjetas, créditos personales o prestamistas no bancarios para cubrir gastos corrientes.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola presentaron otra iniciativa que propone declarar por dos años prorrogables la emergencia crediticia de los hogares. El expediente fue girado a las comisiones de Finanzas, Justicia, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda.
Por fuera de los principales bloques, Marcela Pagano presentó un proyecto para establecer un marco integral de crédito responsable y desendeudamiento del consumidor financiero. La iniciativa incluye herramientas destinadas a prevenir situaciones de sobreendeudamiento y mecanismos para quienes ya acumularon obligaciones por encima de su capacidad de pago.
Las propuestas difieren sobre hasta dónde debe llegar la intervención estatal y quién debería absorber el costo de una eventual refinanciación, pero la proliferación de expedientes muestra que el endeudamiento comienza a consolidarse como un tema transversal dentro de la agenda opositora.
El Gobierno, sin embargo, mantiene otra lectura. Ravier atribuyó parte del aumento de la morosidad a las dificultades económicas atravesadas durante 2025 y aseguró que los últimos datos comienzan a mostrar una estabilización. Para la Casa Rosada, la baja de la inflación y de las tasas debería permitir que bancos y deudores encuentren soluciones mediante refinanciaciones privadas, sin necesidad de una política estatal específica.
La oposición y las organizaciones que se movilizaron a Economía plantean el razonamiento inverso. Sostienen que el endeudamiento no puede separarse de la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades de las pymes, y buscan que esa interpretación se traduzca en medidas concretas.
Con millones de personas alcanzadas por atrasos, cerca de 30 proyectos acumulados en Diputados y una movilización frente al Ministerio de Economía, la situación de los endeudados empieza a convertirse en un nuevo foco de disputa entre el Gobierno y la oposición. El debate ya no pasa únicamente por la magnitud de la mora, sino por una definición política más profunda sobre quién debe asumir el costo y qué rol debe tener el Estado frente al crecimiento de las deudas familiares.
RG/MSS
