Escándalo con una diputada radical que reclamaba medio sueldo a su personal

La diputada radical Estela Regidor realizó ayer un pedido de licencia en su cargo en el Congreso en medio de las denuncias en su contra por la supuesta retención de casi medio sueldo de algunos de sus colaboradores en la Cámara baja en concepto de “donación”. Su licencia deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara en la próxima sesión e implicará que no cobrará su “dieta” durante el período que se extienda la investigación.

El escándalo se desató con la difusión de un audio de la diputada por Corrientes en el que les explica a empleados de su despacho que deberán aportar el 50% de su sueldo con presuntos fines solidarios y que, en el caso de que estén en desacuerdo, se rescindirían los contratos. 

“El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”, argumentaba la legisladora en el audio que tomó estado público. De acuerdo a su defensa, se trata de “audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme”.

Según comentaron a PERFIL fuentes del radicalismo, el pedido de la diputada era para aquellos empleados contratados y no para quienes forman parte de la planta permanente del Congreso. Dentro de este grupo se encuentran los trabajadores con más trayectoria parlamentaria y suelen permanecer como personal del cuerpo más allá de las modificaciones en las conformaciones de los distintos bloques partidarios. En ese contexto, dos colaboradores de Regidor ya habían optado por abandonar el despacho antes que se desatara el escándalo, molestos por las condiciones salariales que les imponía la referente correntina.

Por tradición política, los diputados y senadores suelen realizar un aporte mensual con un porcentaje fijo de su sueldo para colaborar con el sostenimiento de sus respectivos partidos, pero esta obligación no suele trasladarse a los trabajadores que, en muchas ocasiones, no tienen conexiones políticas sino que se encargan de cuestiones técnicas y administrativas en los despachos.

En otro de los tramos del audio en cuestión, Regidor indica que “otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, tengo gente a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar 40 mil pesos, el resto es reintegro”. 

A través de un comunicado, Regidor insistió en que “de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable”.

La diputada cercana al ex gobernador correntino Ricardo Colombi aclaró además que “el pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública”.

Antecedentes en la Cámara

El escándalo en torno a la retención del sueldo de sus colaboradores que realizaba la diputada radical por la provincia de Corrientes, Estela Regidor, tiene algunos antecedentes en la Cámara baja, donde muchos contratos se celebran para compensar favores políticos, por conexiones personales e incluso familiares.

El caso de la ex diputada Diana Conti es uno de los ejemplos tras la denuncia que sufrió en 2005 por parte de su asesor de prensa Bruno Bimbi que la denunció por quedarse con parte de su sueldo. La legisladora K lo obligó a entregarle $ 4.429 del salario trimestral de $ 5.429 y como Bimbi se negó, Conti decidió echarlo.  Durante 2020 también se vio envuelto en una polémica el diputado Alberto Asseff, acusado por su jefe de despacho y secretario general del partido UNIR Daniel Vico. Según su denuncia, Asseff ejercía “presión” para que los empleados parlamentarios le den parte de su salario. En su momento, Vico había señalado que el pedido estaba en el orden del 20% del salario de cada empleado, mientras que el diputado aseguraba que se trataba de un 10% como un aporte orgánico al partido. Regidor argumentó que los audios son engañosos porque fueron editados. Sin embargo, decisió solicitar licencia hasta que se aclare su situación. Ahora será el plenario el que deberá votar este pedido de la diputada.