La mañana del martes 7 de abril, Roxana Salgado le ordenó a los trabajadores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que debían presentar su renuncia indeclinable. En 48 horas, los empleados de seguridad, limpieza, maestranza, administrativos y docentes de la estatizada universidad, debían presentar copia del telegrama de renuncia en el despacho de Hebe de Bonafini.
La orden de la Madre era que renuncien con fecha 30 de noviembre del año pasado, un mes antes de que se celebrase el convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que creaba el Instituto Universitario (IUNMA). Ese martes, Hebe de Bonafini estaba agotada de falsas promesas y le ordenó a la encargada de seguridad, la robusta colorada Salgado que acatasen la orden: “Si mañana no tengo todos los papeles acá, deciles que no entra nadie” le dijo la Madre a Roxana Salgado.
Por esa razón, la inauguración del primer ciclo lectivo de la Universidad Popular de las Madres, ahora estatizada, fue tensa. El grueso de los empleados de la misma –seguridad y limpieza- presentaron sus renuncias. Algunos docentes intercambiaron correos y mensajes exigiendo que las autoridades educativas den el ejemplo y renuncien con ellos: “Que de la cara Ibáñez” le decía una docente que no cobra hace dos años a una colega. Germán Ibáñez, tal como publicó en exclusiva Perfil.com es desde hace un año el nuevo director administrativo de la Universidad que reemplaza a la echada e histórica docente Inés Vázquez.
Según fuentes de la Fundación, “la pelea entre Hebe y Vázquez terminó en una causa judicial en el fuero civil”. Pero no fue la única pelea. Bonafini discutió con Ibáñez y el director de la carrera Trabajo Social, Marcelo Cortizo, por la decisión que tomó en las últimas horas. Los ministerios de Justicia y Educación le soltaron la mano a la Universidad. Ayer por la tarde ninguna autoridad de peso del gobierno nacional acompañó a Bonafini. Julio Alak no apareció en escena y, tal vez por esa razón, Bonafini dijo que “los primos ricos no nos ayudan”.
Los empleados y docentes debatían entre hacerle caso a Bonafini o a Ibáñez que les decía que no presenten la renuncia. “Si no lo hacemos, nos echa Hebe y si lo hacemos, lo hará el docente” explicaron a Perfil.com. Ayer, la fiscal Cristina Caamaño, directora de la carrera de Derecho, les pidió a los estudiantes que “se formen”. En la gacetilla oficial, Caamaño agradeció a las Madres pero, los que presenciaron el discurso, afirman que estaba molesta con el bajo nivel educativo de la Universidad. “Hay egresados que reclaman el título desde hace 2 años pero la Universidad de San Martín –que formalmente entrega los títulos- no quiere saber nada con nosotros” explicó otra fuente en estricto off.
En una entrevista radial en Radio Cultura, Caamaño reconoció que los docentes no cobran “desde hace dos años” tal como informó Perfil.com el año pasado. Según la fiscal, crítica de su colega Nisman e integrante de Justicia Legítima, “todavía no cobramos, pero ya vamos a cobrar, aunque hace 2 años que no cobramos”. Cuando le pregunté sobre los docentes que dejaron la Casa de Estudios molestos con la portada de la revista de las Madres de Milani abrazada a Hebe respondió que “cada uno hace lo que quiere, hay libertad. Hay gente que se fue enojada porque necesitaba la plata para vivir”. El gobierno nacional destinó una partida millonaria a los organismos de derechos humanos en el 2015. Sin embargo, los docentes siguen sin cobrar. Según Caamaño porque “cuando fue la gran defraudación de los Schoklender se armó como un fideicomiso para pagarle a los proveedores entonces todo el dinero que ingresa se va para pagarle a los proveedores. Porque antes el sueldo de los docentes, se pagaba del dinero de la Fundación”. Es lo que argumentaron los abogados de los Schoklender ante la justicia y que el gobierno y Bonafini siempre negaron. Según los letrados si las deudas de la Universidad se estatizaban, la supuesta estafa dejaba de existir.
En vez de crecer, la planta docente no supera los 100 profesores. La gran mayoría sigue cobrando como monotributistas, a pesar de que hace años trabajan como titulares de cátedra por la suma, en promedio, de $1.014. Siguen denunciando que no se les realizan aportes patronales, no cuentan con ART ni obra social. Su situación es similar a la de los ex trabajadores de Sueños Compartidos. Los ayudantes de los docentes están ad-honorem.
Según el círculo más cercano a Bonafini, “no hubo problemas y la gente aceptó el pedido que hicimos pues pasarán a la planta del Ministerio. No se puede aparecer en dos trabajos: Fundación y Ministerio. Pero no hubo quejas”. Los trabajadores esperaban respuestas formales de Alejandro Bresler, secretario de investigación y mano derecha de Ibáñez. Hasta ahora, siguen esperando. Mientras tanto, en los boletines oficiales aparecen millones destinados a la defensa de los derechos humanos y a sus organismos. A pesar de los anuncios oficiales, actualmente la plata no llega a la Fundación de Bonafini. "Año electoral, las prioridades son otras", explican con sarcasmo los críticos del oficialismo.
(*) Autor de El negocio de los DDHH y El negocio de la impunidad | @luisgasulla
