Un exfuncionario de la empresa alemana Siemens se declaró culpable el jueves de haber desembolsado millonarios sobornos a funcionarios argentinos a fines de la década de 1990, durante el gobierno del expresidente Carlos Menem, para ganar un contrato de fabricación de documentos de identidad.
Eberhard Reichert, de 78 años, exresponsable técnico de una filial argentina de Siemens, reconoció haber desembolsado junto a otros ejecutivos de la empresa "100 millones de dólares en sobornos" a funcionarios del gobierno argentino para quedarse con este inmenso negocio de casi 1.000 millones de dólares, anunció el departamento de Justicia estadounidense en un comunicado, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Reichert, arrestado en Croacia en septiembre y extraditado a Estados Unidos, compareció ante una corte del sur de Manhattan. Es el segundo exjerarca de Siemens que se declara culpable en el marco de este escándalo, casi tres años después de Andres Truppel, el exdirector financiero de la misma filial.
También hay procesos en curso contra otros seis exjerarcas de Siemens: Uriel Sharef, Herbert Steffen, Ulrich Bock, Stephan Signer, Carlos Sergi y Miguel Czysch. La ley anticorrupción estadounidense permite a las autoridades iniciar procedimientos judiciales en todo el mundo contra una empresa acusada que tenga actividades en Estados Unidos.
El exfuncionario reconoció ante la justicia que disimuló las coimas a través de empresas fachada y en depósitos en el paraíso fiscal de Bahamas. Su pena será decidida por un juez: puede ser condenado a hasta un máximo de cinco años de prisión, según el departamento de Justicia.
"Reichert ayudó a disimular decenas de millones de dólares en sobornos, que fueron desembolsados para obtener injustamente un lucrativo contrato del gobierno argentino", denunció Geoffrey Berman, fiscal federal de Nueva York, citado en el escrito. "La declaración de culpabilidad obtenida muestra que estamos determinados a llevar a los corruptos ante la justicia", agregó.
En 2008, Siemens pagó a Estados Unidos 800 millones de dólares de multas para saldar diferentes demandas por corrupción, incluido el caso argentino pero también hechos ocurridos en Bangladesh y Venezuela.
