Tras la embestida del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema, aumenta la expectativa respecto de un eventual fallo del máximo tribunal que podría declarar inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Cuando quedan apenas tres semanas para que termine el año judicial, la decisión promete definir la relación que mantendrán los dos poderes de aquí en adelante.
Si bien ha trascendido que la semana próxima los magistrados Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dictarían la sentencia, fuentes oficiales consultadas por PERFIL aclararon que no se ha hecho ningún anuncio de este tipo ni se hacen declaraciones sobre expedientes en trámite.
En paralelo, el Gobierno decidió anticiparse y presentó un proyecto de ley al respecto y pretende así uno de dos posibles desenlaces: o bien que la Corte entienda prudente esperar a que el Congreso trate este proyecto de ley antes de fallar, o bien que su fallo de inconstitucionalidad exhorte al Congreso a proponer aquello de lo cual el oficialismo ya se está haciendo cargo.
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La propuesta del Ejecutivo contempla aumentar de 13 a 17 el número de integrantes agregando un académico, un juez y dos abogados a la conformación actual, además de exigir paridad de género. Esto disminuiría, al menos en apariencia, el peso de la política sobre el órgano, que cuenta además –y seguiría contando– con seis representantes legislativos y un representante del Poder Ejecutivo. Se apoya en el Consejo Consultivo que había convocado el presidente Alberto Fernández para la reforma judicial.
El Gobierno querría también atajarse ante la posibilidad de que la sentencia de inconstitucionalidad también decrete un regreso a la ley anterior, que disponía una conformación de veinte miembros. En este caso, el cambio podría ser automático o a partir de mediados del año 2022, cuando se produzca la renovación habitual de integrantes.
La conformación original de veinte miembros, por otro lado, podría beneficiar tanto a la Corte como a la oposición con una mayor incidencia sobre el órgano encargado de administrar el Poder Judicial y controlar la actividad de los jueces. El Consejo volvería a contar con ocho legisladores (dos más que en la actualidad o en el proyecto de ley) y cinco jueces, entre quienes figuraría el presidente de la Corte como titular del Consejo.
La integración actual de 13 miembros corresponde a una ley sancionada en 2006 que permitió quitar a la Corte su manejo de la Magistratura. Fue impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora. La nueva propuesta del Ejecutivo buscaría asegurar la conquista del año 2006 y atajaría una supuesta pretensión del tribunal de volver a su cabecera.
El camino hacia una nueva ley, sin embargo, dista de ser sencillo. Durante este período de gobierno, ningún proyecto que refiriera a una reforma judicial llegó a buen puerto. La nueva conformación parlamentaria, además, podría también obstaculizar las intenciones del oficialismo de que su proyecto se apruebe.
La posición del Gobierno ante la forma de proceder de la Corte Suprema dista de ser conciliadora y se centra en señalar las que entiende son sus deficiencias. Respecto del posible fallo, el ministro Soria ya había acotado a principios de mes: “No deja de llamar la atención que la Corte esté por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron 16 años para darse cuenta. Nos debería hacer ruido a todos los argentinos y argentinas”. Justo esta semana se dio la primera reunión del ministro con los jueces supremos, donde criticó el estado de la Justicia.
