El 2022 podrá ser un año de avances significativos en las causas por crímenes de lesa humanidad que actualmente se tramitan en el país. A más de cuarenta años de los hechos, varios expedientes ingresaron en nuevas etapas y empezarán este año a transitar el camino hacia una resolución.
Pocos días antes de que terminara 2021 comenzó en Santa Fe un juicio contra dos ex policías provinciales y un antiguo juez federal, Víctor Hermes Brusa, quien, al momento de los hechos, era empleado judicial. Enfrentan los cargos de apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y torturas a nueve víctimas entre 1975 y 1977. El caso fue elevado a juicio en 2018. Dos procesados adicionales fallecieron en el proceso.
Según la acusación, una oficial habría participado en la privación de libertad y la tortura de dos de las víctimas, una embarazada y una adolescente de 14 años. En el caso de Brusa, una de las víctimas lo acusó de haberla interrogado durante su detención ilegal en la cárcel de Coronda. El caso es llevado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
También comenzó en Buenos Aires el juicio contra seis ex integrantes del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, quienes están acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra 37 víctimas entre mayo y julio de 1976. Estas editaban y distribuían las revistas El Combatiente y Estrella Roja, medios de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ocho de ellas fueron asesinadas y 19 permanecen desaparecidas.
A su vez, al culminar diciembre se solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa por represión contra cincuenta trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de la empresa Acindar, llevada a cabo el 20 de marzo de 1975. Los empleados fueron secuestrados durante los meses posteriores y, en algunos casos, por años. Según la narración de la fiscalía, la empresa misma habría habilitado el centro clandestino de detención en que fueron retenidos.
Los hechos ocurrieron en la localidad santafesina de Villa Constitución. Están acusados un ex jefe militar, 22 policías federales y un ex prefecto de privación ilegítima de libertad agravada por mediar violencia y amenazas.
Otros procesos fueron concluidos poco antes de terminado el año. Entre ellos, el juicio “Escuelita VII” en Neuquén, que culminó con diez penas de prisión perpetua. Es también el primer caso en que pesa una condena contra un piloto del Ejército por manejar un avión que trasladara a personas secuestradas. El tribunal impuso también penas de 5 a 12 años de prisión a otras cinco personas. El juicio duró exactamente un año. Las víctimas habían sido detenidas en Neuquén y Río Negro y trasladadas en avión a Bahía Blanca entre el 9 y el 15 de junio de 1976 a un centro de detención en que fueron torturadas e interrogadas.
En Mendoza, por su parte, fueron condenados un ex oficial de inteligencia de la policía provincial y su esposa –con 10 y 5 años de prisión, respectivamente– por apropiarse de la hija biológica de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano en la ESMA de la ciudad de Buenos Aires. Moyano, de 23 años, cursaba su séptimo mes de embarazo al momento de su secuestro, en abril de 1977. Su hija, Miriam, es la nieta 127 del registro de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, durante 2021 fueron iniciados 17 juicios, nueve de los cuales llegaron a una sentencia. Siete se encuentran aún en etapa de debate. Uno de ellos debió ser suspendido por el fallecimiento de los dos imputados. Se registran actualmente 280 causas en fase de instrucción. En total el Ministerio Público Fiscal ha requerido la elevación a juicio en 21 casos los primeros once meses del año pasado.
Por otro lado, el informe anual estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio cuenta de que, entre enero y diciembre de 2021, se dictaron 17 sentencias en total, con 65 personas condenadas y nueve absoluciones. Hasta diciembre se dio cuenta de 785 detenidos, de los cuales el 75% cuenta con prisión domiciliaria. También se constata un aumento significativo de sentencias con respecto a 2020, cuando se dictaron 11.
Desde el reinicio hace 15 años de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, han sido dictadas 269 sentencias y han sido condenadas 1.052 personas.
