La causa judicial que marcó a fuego la imagen del presidente Alberto Fernandez a poco de iniciar su gestión todavía no está del todo cerrada. A pesar de que la Justicia homologó su acuerdo de reparación integral del expediente conocido como Cena en Olivos y el mandatario donó la suma acordada, el Juzgado Federal de San Isidro todavía no firmó el sobreseimiento definitivo.
La situación lleva diez meses sin resolución desde que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, homologó el acuerdo al que llegó la defensa del presidente, de la primera dama Fabiola Yáñez y de tres de los imputados. Fue el 23 de mayo del 2022 cuando aceptó, en sintonía con la Fiscalía, la donación de $1,6 y $1,4 millones para reparar el daño por la reunión clandestina llevada a cabo el 14 de julio de 2020, en plena vigencia de las restricciones por el coronavirus.
A los pocos días, PERFIL confirmó que el presidente había depositado los fondos en una cuenta del Instituto Malbrán, en cumplimiento del acuerdo.
Todo indicaba que el proceso judicial estaba listo para su cierre, pero eso no ocurrió.
La causa siguió abierta a causa de dos fundaciones que se presentaron en el expediente con un planteo para convertirse en querellantes. Uno de ellos llevó la firma del legislador porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, en representación de la Fundación Apolo.
Eso extendió los tiempos porque el juez tuvo que pedirle la opinión al fiscal y luego definir. Ambos lo rechazaron, las entidades interesadas apelaron esa decisión y el tema escaló a la Cámara Federal.
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"Luego de la feria judicial tendría que salir el inmediato sobreseimiento de la totalidad de mis defendidos. Varias organizaciones y fundaciones que responden a intereses político - partidarios opositores intentaron ser querellantes pero no lo lograron dado que no tenían los fundamentos técnicos para hacerlo", respondió a PERFIL el abogado Juan Pablo Fioribello, que negoció el acuerdo junto al fiscal.
Consultado respecto a la demora de 10 meses desde que el juez Mirabelli homologó ese acuerdo, el letrado respondió que "se debió a que hasta fin del año pasado estaban pendientes las apelaciones de la gente que pretendía ser querellante, pero la Cámara ya confirmó los rechazos".
De ahí que para el abogado en las próximas semanas saldría el sobreseimiento definitivo del presidente que, mientras tanto, sigue imputado.
El acuerdo de Fernández con la Justicia
Cuando se filtraron las fotos en las que se veía al presidente, a la primera dama y a otras ocho personas festejando el cumpleaños de Yáñez en plena cuarentena, la indignación de quienes no podían salir por las propias restricciones impuestas por quién aparecía infringiéndolas se hizo notar.
Después hubo presión para que la Justicia actúe de manera "ejemplar" con el mandatario, y la noticia de que el caso se iba a resolver por medio de una propuesta de reparación económica no dejó satisfecho ese deseo. Sin embargo, en términos judiciales el mandatario logró sortear las responsabilidades endilgadas por la Justicia.
"Acá no hubo ningún tratamiento especial, ningún acuerdo en las sombras. La propia ley prevé las formas de terminar con la acción penal y una de ellas es la reparación integral. De alguna forma hay que cuantificar las responsabilidades por eso el presidente y su mujer donaron una suma mayor que el resto de los imputados", dijo el abogado en diálogo con este medio.
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Vale recordar que la causa se inició en los tribunales de Comodoro Py, donde el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González avanzaron en las imputaciones. Sin embargo, después de un conflicto de competencia el expediente pasó a San Isidro, con el argumento de que el hecho había sido cometido en la quinta de Olivos, que está bajo esa jurisdicción.
El impacto por la Cena en Olivos
Más allá de los desaciertos en materia económica que tuvo la gestión del presidente, que está en su último año, la causa de la Cena en Olivos marcó a fuego su imagen pública.
Pero no sólo lo golpeó a él sino que también puso en crisis al Frente de Todos en la antesala de las elecciones de medio término que el oficialismo perdió. Así y todo, en el terreno judicial saldó su responsabilidad asesorado por un grupo de abogados integrado por Fioribello, uno de los letrados más cotizados del país.
En cuanto al pago, el año pasado Infobae contó que el presidente había tenido que pedir un crédito para hacerle frente a la donación acordada con la Justicia. Pero este medio le consultó a Fioribello quién le pagó para defender a Fernández.
"La totalidad del trabajo tanto mío como del equipo que participó conmigo fue puesto a disposición sin costo alguno para solucionar el conflicto lo más rápido posible", dijo Fioribello. Pero rápidamente se desmarcó de la cercanía partidaria: "No integro ni me interesa integrar el Gobierno, soy un técnico del derecho, no un abogado partidario. Si cualquier presidente de la Nación requiere de mis servicios profesionales también lo haría".
Fioribello, además de esa causa, también tuvo a cargo varios expedientes por agresiones de odio contra Yáñez y Tani Fernández, hijo del mandatario.
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