El presidente Alberto Fernández volverá a ser investigado por el fiscal federal Ramiro González, quién tiene a cargo las denuncias de dirigentes opositores por supuesta desobediencia al fallo de la Corte por la coparticipación. Se trata del mismo funcionario que en 2021 lo imputó por haber infringido la cuarentena en el marco de la causa conocida como "Cena en Olivos".
Así lo decidió el juez Daniel Rafecas, quién está interinamente a cargo del Juzgado Federal 6 donde quedó sorteada la primera de las denuncias.
Al haber ocurrido eso, las demás denuncias presentadas por Patricia Bullrich, Roberto García Moritán y otros dirigentes opositores también quedaron radicadas en ese juzgado. Pero será González el que quedará a cargo por el momento de lo que en Comodoro Py denominan “investigación penal preparatoria”.
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Es decir, hasta el momento sólo se cuenta con las denuncias presentadas por los dirigentes la semana pasada y los hechos aún están en una etapa “embrionaria”. Fuentes judiciales dijeron a PERFIL que todavía "no hay nada".
Será el fiscal el que debe definir los Primeros lineamientos de la investigación destinada a establecer si efectivamente el presidente cometió un delito al desoír la cautelar que dio conocer la Corte Suprema el miércoles pasado. El representante del Ministerio Público también tendrá que establecer si hay otros funcionarios o funcionarios involucrados.
El mismo fiscal que ya imputó al Presidente
Más allá del inicio una investigación judicial derivada del conflicto por los fondos de coparticipación, el dato más llamativo es que vuelve a escena el fiscal que en 2021 imputó al presidente y a la primera dama Fabiola Yáñez por violar las normas preventivas del coronavirus durante la Cena en Olivos.
Esa imputación fue durante la primera etapa de la causa cuando todavía tramitaba en los juzgados de Comodoro Py y no se había dado el conflicto de competencia que la envió a San Isidro.
La resolución de González se conoció el 26 de agosto de 2021 y la imputación alcanzó a todos los asistentes a la reunión de cumpleaños de la primera dama, ocurrida en julio de 2020. Horas antes de la imputación fiscal el presidente se había presentado en derecho propio para pedir el sobreseimiento y con el compromiso de enviar la mitad de su salario como presidente durante cuatro meses al Hospital Malbrán.
Esa causa siguió su trámite en San Isidro con el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. El presidente llegó a un acuerdo con ellos por medio de la presentación de una propuesta de reparación integral de los hechos, que diseñó su abogado Juan Pablo Fioribello. Consistió en el pago de 1,6 millones de pesos abonados este año.
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