Se cumplen este sábado 10 de diciembre de 2022 casi cuatro décadas del regreso de la democracia a la Argentina, exactamente 39 años, y entre las distintas voces que se pronuncian sobre el tema, el juez Federal Daniel Rafecas firmó una columna de opinión en Revista Haroldo, texto en el que destaca "no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, sin la construcción previa de un enemigo a través de los discursos de odio". Sin embargo, al mismo tiempo, al evaluar las opciones más útiles para enfrentar el avance de esas posturas extremas, indica que como fruto de su larga experiencia judicial "la represión (vía condenas penales a los impulsores de esos discursos de odio) no creo que sea el camino".
"Tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, pero no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión -es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos-, sea el camino", señala el juez Rafecas en su columna. Allí sostiene que debe priorizarse la educación, al considerar que si se condena a los autores de esos ataques "lo que vamos a hacer es facilitarles la tarea a estos sectores, para llegar con su discurso de odio al corazón del sistema mediático en nuestro país".
La columna completa
Reproducimos entonces a continuación la columna de Rafecas en Revista Haroldo, una mirada que vale la pena repasar, sobre todo en momentos en que la Justicia está en el medio, muchas veces, de esas acusaciones desde los extremas, con críticas que voceros del oficialismo apuntan, incluso, a la propia Corte Suprema:
He de comenzar con una reflexión que, hoy en día, ya es algo muy conocido en todo lo que son estudios relacionados con crímenes masivos, y es el hecho de que, de la contemplación de los procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, o con la aquiescencia o consentimiento del Estado, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de discursos de odio.
Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio, es decir, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar dos ejemplos que nos son muy próximos.
Esto surge muy claramente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio armenio, en donde los discursos de odio de la mayoría musulmana, panárabe del imperio otomano, dispersó y divulgó discursos de odio contra la minoría armenia que estaba segregada y diferenciada, no solamente desde el punto de vista religioso sino también étnico, durante siglos.
Lo mismo por supuesto ocurrió en el caso del genocidio nazi, respecto no solamente de los judíos, sino también de otros colectivos perseguidos, pero especialmente de los judíos, en donde desde 1933 y hasta el inicio del proceso de exterminio -que comienza en 1941-, vamos a tener casi una década de preparación del genocidio, un largo período, en el cual los nazis van a sembrar discursos de odio de modo cotidiano. Y no lo digo metafóricamente: todos los días, en Alemania a partir de 1933, y luego en Austria a partir de 1938, en Checoslovaquia en 1939, y luego en todos los territorios que fueron ocupando, cotidianamente se difundían discursos de odio: un día en la radio, otro día en el cine, otro día en columnas en los medios gráficos, otro día en panfletos, otro día en directivas que circulaban en las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, en donde se decía “los judíos son culpables”, “los judíos son delincuentes”, “los judíos son bacilos”, “los judíos son nuestros enemigos”, etc.
Y esto también ocurrió, por supuesto, en lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en Argentina, sino en los restantes países del Cono Sur, en las dictaduras latinoamericanas.
De modo tal, que creo que este es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, en el sentido de que tenemos que estar, como activistas o como actores preocupados por la consolidación de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, muy atentos y muy sensibles a la aparición, o la irrupción, o la promoción, o la emergencia de discursos de odio que, casi siempre, o durante muchos años, han circulado en forma muy encapsulada, en grupos cerrados, de redes sociales, y de repente, a lo largo de los meses, se empieza a percibir que empiezan a cobrar mayor protagonismo, que empiezan a salir de esos ámbitos cerrados y empiezan a circular de un modo más abierto y, especialmente, que empiezan a tener penetración en algunos ámbitos que son más proclives, y de entre ellos quizá lo más preocupante es entre las nuevas generaciones, que quizás todavía, de una u otra manera, desde el Estado no hemos podido llegar con contenidos que permitan identificar y neutralizar esos discursos.
Por otra parte, la gran pregunta que nos venimos haciendo en los ámbitos que trabajamos estos temas desde hace décadas, es si conviene “combatir” la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos.
En ese sentido, tengo una postura que al principio fue intuitiva, y luego también la fui reafirmando de una manera más elaborada -porque de hecho he participado de discusiones muy serias que se están dando en el máximo nivel de los organismos de derechos humanos, hablando de Madres, de Abuelas, de Hijos, del CELS y otros organismos que están trabajando en este tema-, y creo, pese a que tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, yo no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión -es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos-, sea el camino.
Pero esta es una cuestión puramente de estrategia: me parece que no es la estrategia adecuada desde un sistema democrático. Y voy a contar una pequeña anécdota para intentar reafirmar mi punto.
"La gran pregunta que nos hacemos desde hace décadas es si conviene “combatir” la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos".
Hace muchos años -quizás quien lea este artículo lo recuerde-, en mis primeros años como juez, me tocó intervenir en un caso en el cual tres jóvenes habían agredido a otro, por su condición de judío: le hostigaron, lo empujaron, y le depararon algunos insultos de carácter antisemita. En ese entonces, los medios de comunicación tomaron nota del caso y hablaban de tres “skinheads” que habían atacado a un chico judío. Ese caso llegó a mi juzgado. Tanto la víctima, como los victimarios, eran menores de edad.
Y después, al poco tiempo, cuando empezamos a indagar a los agresores, advertimos rápidamente que no eran “skinheads”, que por supuesto estaban cargados de prejuicios y estaban muy contaminados con discursos de odio que circulan en algunos ámbitos, pero que carecían por completo de información real acerca de lo que había sido el Holocausto, o lo que había sido el nazismo, o quién era Hitler, o qué eran las SS, etc. Eran alumnos de un colegio industrial, corría el año 2005, y nunca habían tenido acceso a este tipo de contenidos educativos.
Entonces, en su momento, justamente entendí que no iba a ser para nada conveniente procesar, criminalizar a estos chicos porque, por un lado, los iba a reafirmar en ese camino, y por otro lado, los círculos que verdaderamente participan de estos discursos de odio, iban a convertir en héroes a estos chicos.
De modo tal, que dejé de lado esa decisión y la reemplacé por una medida educativa, que fue constituir el Juzgado Federal en el Museo del Holocausto, y darles una clase de tres horas, a mi cargo, acerca del Holocausto, y lo que había sido el nazismo, a los jóvenes agresores y a sus padres, en el caso de que quisieran venir.
La actividad se llevó a cabo, terminó siendo muy positiva, se resolvió el conflicto de la mejor manera posible.
Pero a lo que quiero ir, es a que, cuando algunos medios de prensa tomaron nota de lo que había sido la decisión judicial y el caso en sí, el tema llegó a la tapa de los diarios, es decir, tres o cuatro diarios de circulación nacional llevaron el caso a la tapa, diciendo “…A tres «skinheads» se los llevó al Museo del Holocausto”, etc. Y luego, ese día y al día siguiente, todos los canales de televisión, los noticieros de las siete, de las ocho de la noche, fueron con sus cámaras al museo, entrevistaron a la directora… es decir, tuvo una repercusión mediática asombrosa que nadie se la vio venir, y que evidentemente entonces, aquí hay un asunto, una cuestión que no podemos soslayar, en este otro camino que se está explorando de pretender criminalizar a este tipo de negadores o promotores de discursos del odio a través de la herramienta penal.
Qué quiero decir con esto: de acuerdo a mi intuición y a mi experiencia, si nosotros damos este paso de criminalizar con pena de prisión, a quienes agravian de alguna manera, a través de la negación, o la relativización de estos procesos genocidas, lo que vamos a hacer es facilitarles la tarea a estos sectores, para llegar con su discurso de odio al corazón del sistema mediático en nuestro país. Porque no va a haber medio de comunicación -incluyendo los hegemónicos o los más importantes- que, a partir de esta cuestión de la judicialización penal de estos casos, no le vaya a dar aire a estos discursos.
Y es muy previsible con qué argumentos nos van a venir estos promotores de los discursos del odio. Es muy previsible, porque esto ya pasó en otras experiencias comparadas, por ejemplo en España.
¿Qué van a decir? Van a decir “nos están atentando en nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión” y “nos están atentando a nuestro derecho constitucional a la libertad de prensa”. Y con estas banderas se van a escudar paradójicamente detrás del discurso del sistema democrático, y es muy probable que terminemos perdiendo la batalla, como pasó en España, en donde se criminalizaron este tipo de discursos (por supuesto en un contexto muy diferente al nuestro, una España que no le ha proveído al pueblo español ni verdad, ni memoria, ni Justicia, ni reparación respecto de los crímenes del franquismo), pero levantan la mano en el Parlamento y criminalizan los discursos que niegan los crímenes…
Pues bien: la Audiencia Nacional en Madrid convocó en carácter de imputado, criminalizó y procesó a los responsables de una editorial tradicional franquista de Barcelona, porque publicaba obras negacionistas, no solamente del franquismo sino también del genocidio nazi. Los llevo a juicio.
Ante tal noticia, todos los medios no hablaban de otra cosa: se llevó la cuestión del discurso de los negacionistas al centro de la escena mediática, le pusieron una alfombra roja para que tales personeros del odio accedan, como nunca antes, a los principales programas periodísticos del país.
¿Y cómo terminó este proceso?: El Tribunal constitucional Español, en 1996, anuló la ley. Es decir, le dio la razón a los acusados y sus defensores. Fue una derrota catastrófica para la democracia española.
Sinceramente, yo no querría que todo esto que acabo de relatar, pase en nuestro país. Creo que deberíamos ahorrarnos todo este infausto derrotero.
"De acuerdo a mi intuición y a mi experiencia, si damos este paso de criminalizar con pena de prisión, a quienes agravian de alguna manera, a través de la negación, o la relativización de estos procesos genocidas, lo que vamos a hacer es facilitarles la tarea a estos sectores"
En mi opinión, el camino en el que tenemos que empeñarnos, y redoblar los esfuerzos, es en la educación. Tenemos que insistir por este camino, como venimos haciendo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, desde hace veinte años. Nosotros, desde la Argentina, tenemos una plataforma mucho más fuerte en términos culturales: allí está el ejemplo evidente de lo que ocurrió en junio del 2017, en términos de movilización popular, con la llamada “Marcha del 2 x 1”. En tal sentido entonces, frente a los acontecimientos que han sucedido recientemente, creo que no debemos alterar el rumbo, sino reafirmarlo, no caer en tentaciones represivas, que traerán aparejadas muchas más desventajas y retrocesos.
No nos desesperemos, no cometamos errores, tenemos que insistir en este mismo camino: educar, educar y educar. Tenemos con qué. Si no lo puede hacer la Argentina, no lo puede hacer nadie en el mundo, de acuerdo a lo que han sido las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Ahora tenemos otro notable y muy reciente ejemplo, cuál es el formidable éxito de público que tuvo el estreno del film “Argentina, 1985” que retrata el proceso de formulación de la acusación a las Juntas Militares durante el juicio que tuvo lugar en ese año ante la Cámara Federal de la Capital por parte de los Fiscales Strassera y Moreno Ocampo. Dicho acontecimiento es un ejemplo notable de cómo desde las actividades artísticas y culturales también se realizan aportes significativos a la política de Estado antes enunciada, y cómo, a la vez, repercute y retroalimenta el proceso en la sociedad, que la celebra y le da su apoyo.
En definitiva, me parece que, frente a esta situación que estamos viendo en los últimos tiempos, no tenemos que confrontar con los referentes que pretenden valerse de estos discursos del odio para supuestamente ganar mayor clientela política.
A lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos referentes apelen a estos discursos de odio, estos discursos de odio caigan en saco roto, que no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus ambiciones políticas.
Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso se logra con la fórmula de las Abuelas: sacrificio, coherencia, amor y educación.
* Doctor en Derecho penal (UBA). Profesor regular de Derecho penal (UBA, UNR). Juez Federal, a cargo desde 2004 de la megacausa de I Cuerpo del Ejército.
