El fin de semana quedó atrás y está en marcha el tercer día hábil desde que fue notificada la medida cautelar de la Corte Suprema favorable al reclamo del Gobierno porteño en la pelea por los fondos de coparticipación. Hasta el momento se mantiene la decisión de Casa Rosada de desoírla y en el Gobierno porteño no creen que hoy eso se pueda modificar, por eso tienen en marcha un escrito que se presentará durante la mañana ante el Máximo Tribunal para dejar constancia del "inédito incumplimiento".
Este lunes 26 de diciembre será clave en territorio porteño porque hay en agenda, en principio, dos reuniones de importancia.
En primer lugar, temprano, el procurador de la ciudad Gabriel Astarloa se reunirá con su equipo de abogados de la Procuración para analizar el trazo fino punto por punto del escrito que le mandarán hoy a la Corte Suprema y comenzar a definir la estrategia jurídica para hacerle frente a la actitud del Gobierno nacional amparada por casi una veintena de gobernadores.
Una vez que termine ese cónclave se llevará a cabo otro en la Jefatura de Gobierno de la calle Uspallata, que será encabezada por Horacio Rodríguez Larreta. En esa mesa tienen asegurado un lugar Astarloa y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D'Alessandro, aunque también participaría el secretario de Medios Christian Coelho, para definir las pautas de comunicación detrás del conflicto con Nación.
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En esa reunión se dará la palabra final sobre el escrito que se mandará hoy en el que lo seguro será relatar que la sentencia fue notificada el miércoles pasado a las partes con lo cual desde el jueves está definitiva. Así las cosas, según contó a PERFIL una fuente porteña, "van dos días hábiles sin cumplimiento por parte del Gobierno nacional y del Banco Nación como entidad encargada de las transferencias".
Cómo será el escrito a la Corte
En el Gobierno porteño pareciera -surge del relato de las fuentes- que la estrategia general sería ir a fondo en la pelea por los fondos tras la cautelar de la Corte Suprema pero sin quemar cartas antes de tiempo. Por eso la misiva de hoy tendría un carácter más informativo respecto del incumplimiento. De perdurar la actitud de Nación, el tono de las presentaciones y exigencias se incrementaría.
Según manifestó una de las fuentes consultadas por este medio, en el escenario planteado en torno al conflicto ya tienen en consideración una serie de alternativas que incluyen ya no sólo a la Presidencia de la Nación en sí, sino que apuntan al Ministerio de Economía de Sergio Massa y el Banco de la Nación Argentina, con Silvina Batakis al frente.
"Está claro que el Gobierno nacional es el responsable y en concreto quien debe hacer las transferencias es el Banco Nación, que está a cargo de todo régimen de pago de coparticipación", señaló. En la entidad, en tanto, hay un fuerte hermetismo en torno al tema y la comunicación está en manos de Casa Rosada y del Ministerio del Interior. Hasta el momento tampoco se escuchó la voz de Massa sobre el tema.
"Estamos encima del tema y se verá si se suma algún complemento adicional. Alternativas hay un montón pero la cuestión es seguir el avance día a día y hora a hora. Desde lo jurídico el Gobierno nacional no presentó ni dijo nada, por ahora la sentencia sigue sin ser cumplida", dijo una voz del Gobierno porteño.
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En el gobierno de Larreta no saben qué actitud puede tomar el Máximo Tribunal una vez presentado el escrito porteño. "Veremos qué decisión adoptan y si hace falta que pidamos algo extra o no. Es una situación inédita", sumó.
El panorama
El miércoles pasado, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que había sido presentada en 2020 luego de que Nación dedujera por decreto los fondos que envía por la transferencia de la Policía Federal al ámbito porteño. Por unanimidad, los cortesanos decidieron que se le entregue a la Ciudad un 2,95% de la masa de fondos coparticipables por medio de transferencias diarias y automáticas del Banco Nación.
El fallo era esperado en la Casa Rosada casi desde que Rodríguez Larreta presentó el planteo, pero no por eso dejó de causar un enojo que se materializó, en principio, en una comunicación oficial difundida el jueves bajo el título "un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento". Ahí se fijó la opinión oficial: se definió la cautelar como un fallo "inédito, incongruente" pero también "político, de cara al año electoral".
El presidente ordenó la recusación de los miembros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria de la resolución. Detrás salieron encumbrados los gobernadores y gobernadores de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Pero un día después se sumaron Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones.
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"Es un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. La Corte confunde todo (...). Si hago lo que me pide la Corte es muy posible que un gobernador cualquiera me demande por incumplimiento de deberes diciendo 'señor, usted está incumpliendo la Ley de Coparticipación", dijo el presidente Alberto Fernández en declaraciones a C5N. Para ese momento llovían sobre él denuncias de dirigentes opositores como Patricia Bullrich o Roberto García Moritán por no cumplir con la cautelar.
En el Gobierno porteño, en tanto, se pusieron en marcha los motores con un anuncio en tono de celebración por parte de Larreta, anunciando el cumplimiento de la promesa de derogar vía Legislatura el impuesto a las compras con tarjetas de crédito que, de acuerdo al relato oficialista porteño, fue creado para palear la deducción de fondos de 2020. Hubo una sesión pero el impuesto sigue vigente.
"Nosotros queremos bajar impuestos y el kirchnerismo no quiere. Vamos a cumplir nuestra palabra. El gobierno nacional debe acatar el fallo y transferir los fondos que le corresponden a la Ciudad", dijo Larreta.
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