El Gobierno de Formosa repudió este viernes 12 de marzo la "nueva operación mediática de un multimedio de Buenos Aires", que consistió en la presentación de "un grupo de mujeres de la etnia wichí, embarazadas y escondidas en el monte del oeste provincial, por miedo a realizar aislamientos obligatorios o a sufrir cesáreas compulsivas".
Las autoridades formoseñas requirieron al procurador general del Superior Tribunal de Justicia de la provincia una "investigación de los hechos denunciados, a fin de que exista claridad y verdad sobre los mismos, debiéndose proceder de oficio en caso que fuera probada la comisión de algún delito de acción pública".
"Hasta la fecha no han sido presentadas denuncias formales sobre el trato a embarazadas, por lo que el Gobierno de Formosa repudia la operación mediática", advirtieron las autoridades.
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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Desarrollo Humano también rechazó especulaciones periodísticas que señalan que "en los hospitales y centros de salud" se les coloca "obligatoriamente" a esas mujeres "un chip para no quedar embarazadas", consigó Télam.
El Gobierno formoseño afirmó que "personal de salud del Hospital El Potrillo confirmó que no se han vulnerado los derechos de las embarazadas" y que, incluso, "respetando sus decisiones no se han hecho derivaciones oportunas, pese a tratarse de casos de embarazos de riesgo que ameritaban otro nivel de complejidad en la atención".
"En situaciones en que no se acepte la derivación o el traslado, el parto hospitalario de riesgo se realiza controlado por una partera, un médico, que pueden socorrer en caso de que suceda algo imprevisto", manifestó Rosario Buron, profesional del Hospital de El Potrillo.
A su vez, el presidente de la Comisión Vecinal del pueblo del Departamento Ramón Lista, Isaac Palomo, aseguró que "las imágenes que se muestran (en la pantalla de TN) no son en El Potrillo" y que "es totalmente falso el informe, una mentira y un invento".
"Los datos sanitarios de los departamentos del oeste provincial desmienten categóricamente lo expresado en esta nueva escenificación realizada en territorio formoseño, a partir de la información recabada permanentemente con la atención primaria de la salud en todas las comunidades criollas e indígenas del oeste provincial", argumentó por su parte Desarrollo Humano.
La cartera aseguró que "se mantuvieron estables" y bajo parámetros de "normalidad" durante un año de pandemia las "tasas de natalidad (que en la población indígena es un 30% mayor a la media provincial), los partos domiciliarios o hospitalarios" y el "acceso de las mujeres formoseñas al programa nacional de planificación familiar".
"El cumplimiento de las cuarentenas preventivas por parte de las mujeres embarazadas o con hijos menores de edad se realizan con la modalidad domiciliaria en toda la provincia", aclararon las autoridades locales.
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El Gobierno de Formosa subrayó que, "sin perjuicio de que las declaraciones expresadas en el marco de las entrevistas televisadas no se reflejaron en denuncia formal alguna" se requirió una investigación judicial, a través de una denuncia por "noticia crímenes".
Hoy, además, senadores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron que sea convocada al cuerpo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para que dé información sobre presuntas denuncias de maltratos policiales a mujeres embarazadas de pueblos originarios de la provincia de Formosa.
El jefe del bloque de senadores de JxC, Luis Naidenoff, y su par de Tierra del Fuego Pablo Blanco presentaron hoy el pedido, junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y a la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham.
En los fundamentos de la iniciativa, explicaron que "en la zona de El Potrillo, a 700 kilómetros de Formosa Capital, un grupo cercano a 100 embarazadas se esconde en el medio del monte sin luz ni agua durmiendo en carpas de nylon muy precarias, hechas con palos de madera y atadas con alambre".
"El motivo de su ocultamiento -agregaron- es evitar el accionar de la Policía de la provincia que las traslada violentamente a parir en un centro de aislamiento, donde –denuncian- se les practica una cesárea, y se las obliga a permanecer 14 días aisladas sin contacto alguno con sus hijos recién nacidos".
El proyecto fue acompañado por los senadores María Belén Tapia, Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez, Guadalupe Tagliaferri, Gladys González, Stella Olalla, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Mario Fiad, Martín Losteau, Claudio Poggi, Alfredo De Angeli y Víctor Zimmermann.
Legisladores del oficialismo formoseño repudian por “xenófobo” al informe
Legisladores formoseños que integran los bloques del Frente de Todos en ambas Cámaras del Congreso Nacional calificaron hoy de “discriminatorio y xenófobo” al trato que un multimedios le dio en un informe televisado a un grupo de mujeres indígenas de la comunidad wichí de esa provincia del norte argentino.
A través de un comunicado de prensa, los legisladores apuntaron que el “papel discriminatorio y xenófobo sobrepasó todos los límites” y sentenciaron que “en Formosa no se rinde nadie”.
De ese modo, los senadores José Mayans y María Teresa González, y los diputados Ramiro Fernández Patri, Nelli Daldovo y María Graciela Parola, cuestionaron el informe de un canal de noticias sobre un grupo de mujeres de la etnia wichí, a las que presentaron embarazadas y escondidas en el monte del oeste provincial por miedo a realizar aislamientos obligatorios por la pandemia de coronavirus o a sufrir cesáreas compulsivas.
“Es una clara operación armada, violatoria de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes para luego, no conformes con ello y a pesar de las denuncias formuladas ante los organismos de infancia y derechos humanos y la justicia, no cesar en su conducta destructiva y avasallar de manera feroz los derechos de las mujeres aborígenes”, expresaron los legisladores en el comunicado.
Para los legisladores, se trató de “notas y relatos totalmente direccionados” y de una “manipulación que evidencia un total desconocimiento de las políticas públicas, sanitarias, educativas, de infraestructura, saneamiento, sociales y productivas que viene desarrollando el gobierno provincial, teniendo en cuenta las culturas y las costumbres de las comunidades aborígenes”.
“No estamos dispuestos a soportar que la deshumanización de las personas y la invisibilización del proceso de transformación revolucionaria del modelo formoseño sea el instrumento en el cual canalizan su odio a (el gobernador de Formosa) Gildo Insfrán y al peronismo”, afirmaron los senadores y diputados.
