El juez federal Claudio Bonadio ordenó el jueves la detención de Roberto Baratta, mano derecha y álter ego de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista. El magistrado dictaminó que entre 2008 y 2015 se pagaron sobreprecios por US$ 6.995,92 millones en el marco de la compra de cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) realizada por Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004. Bonadio procesó a Baratta por administración fraudulenta y lo identificó como ideólogo de esa operatoria irregular junto con De Vido.
Bonadio también procesó a Exequiel Espinosa y a Walter Fagyas, ex presidentes de la empresa estatal de energía, como coautores. Los restantes 21 involucrados están imputados como partícipes necesarios sin distinción de responsabilidad en el ilícito. En la nómina de procesados –que tienen hasta el próximo martes para apelar ante la Cámara Federal, algo que se descuenta– no figura ningún ejecutivo de las empresas privadas que vendieron el GNL a Enarsa. Es decir, a Bonadio no le pareció pertinente indagar a ningún ejecutivo de los privados que cobraron los sobreprecios que pagó el Estado.
Ninguno de los ejecutivos firmantes por empresas como la española Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, los dos principales proveedores de GNL entre 2008 y 2012, están involucrados en la causa. En definitiva, no le importó saber quién cobró esos montos irregulares y quién fue el destinatario final de esos pagos fraudulentos.
Tomar declaración a los privados era clave también para conocer el rol de las empresas intermediarias, como Dilligentia y Dysan, presididas por Nicolás y Roberto Dromi respectivamente, que jugaron un papel clave a la hora de concretar las primeras operaciones de venta. Ex ejecutivos de Enarsa señalaron a PERFIL que esas compañías habrían funcionado como vehículos de pago de sobreprecios. El problema es que –salvo en un breve plazo– no estuvieron contratadas por Enarsa ni por Planificación, sino que se vinculaban directamente con los privados como asesores legales y comerciales. Hubiese sido interesante que Bonadio pregunte a Gas Natural Fenosa y a Morgan Stanley, que figuran entre los principales comercializadores de GNL del planeta, por qué necesitaron del soporte de los Dromi –que hasta entonces no tenían ningún expertise en el mercado de GNL– para realizar negocios en la Argentina.
Bonadio inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, por entonces legisladores del PRO. La investigación del juez está basada fundamentalmente en la evaluación del perito David Cohen, un ingeniero en petróleo inscripto en el registro judicial, que concluyó que entre 2008 y 2015 se pagaron casi US$ 7 mil millones de manera ilegal en la importación de gas por barco. La metodología técnica empleada por el perito es discutida porque cae en una simplificación. El perito no creyó necesario –ni tampoco Bonadio– indagar sobre las particularidades de cada compra. Llegó a la conclusión de que se pagaron sobreprecios que representan un 40% de la factura total de importación de GNL. “Durante los últimos años se habló de costos extra por distintos porcentajes, que van del 1,5% al 10%, o hasta 15%, pero nunca se mencionó un sobreprecio del 40% de lo facturado”, admitió a PERFIL, bajo reserva de nombre, un ex directivo de Enarsa que siguió de cerca la investigación.
