El Gobierno abrió la puerta a discutir un aumento en la edad jubilatoria, en medio de críticas de la oposición por la suspensión de la fórmula de movilidad y los aumentos por decreto. Aunque primero se encamina a modificar las jubilaciones de privilegio, algo que genera rechazo entre jueces y diplomáticos, en el gabinete de Alberto Fernández tantean el humor social para una reforma previsional general, algo que suele exigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el macrismo intentó sin éxito.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo planteó en estos términos este martes en una entrevista radial: "En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, evaluó Moroni en diálogo con radio La Red, y estimó que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de a los 60, la edad que rige actualmente.
El funcionario sostuvo que este régimen se estableció muchos años atrás, y argumentó que la esperanza de vida “crece año tras año", lo que hace que cada vez se le exija más al sistema jubilatorio. Si bien remarcó que en cualquier modificación de este tipo debería primar la “calma y el tiempo”, advirtió que deben hacerse las correcciones para evitar que el sistema se convierta en algo “insustentable".
"Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas con calma y tiempo, deben ir sucediendo en el tiempo porque son cosas pesadas de mover, con mucha inercia de su gasto", aclaró Moroni.
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Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, coincide en esta línea y cree que debería revisarse el tema etario, aunque plantea que para un cambio de estas características es esencial determinar el problema estructural, y no tener en cuenta solo un aspecto. “La edad es una sola de las variables que hay que debatir para reformas un sistema jubilatorio. No me parece el único tema, creo que hay que discutirlo en un contexto”, asegura en diálogo con PERFIL.
"En mi experiencia hay que ver holísticamente al problema, no desde una sola dimensión. Acá hay una tendencia a ver las cosas así en los todos los aspectos. No es que no haya que revisar el tema etario, pero es una sola de las pequeñas variables, a cada una de esas hay que analizarlas en conjunto”, evalúa.
Lo más importante, asegura Semino, es debatir cómo se financia el sistema. “Trabajo e impuestos, las dos fuentes de financiación, están totalmente debilitadas. Tenemos 37% de trabajo no registrado que aporta un 0%, lo que implica un problema crónico. De impuestos, lo que más aporta es el IVA, que es un impuesto regresivo. No hay un debate de por qué las rentas no aportan al sistema”, aporta.
El titular de la Defensoría explica además que en Argentina se da la particularidad que no es uno de los países que más haya envejecido en Latinoamérica. “El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2016 plantea que hoy somos el séptimo país más envejecido, fuimos el segundo, y ahora la expectativa es de 76 años. Tenemos que tomar estos antecedentes y evaluarlos con el resto de los temas que hacen a la reformulación del sistema”, plantea.
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Por otro lado, la Defensoría de la Tercera Edad abrió una acción colectiva para frenar la suspensión de la Movilidad Jubilatoria, por considerar que la decisión del Gobierno de aumentar un 13% la jubilación mínima y dar una suma fija de $1500 más un 2,3% para el resto "vulnera derechos adquiridos" y tiene la intención de "pagarle menos a los jubilados".
“Abrimos ayer una actuación colectiva y ya hay 2000 adheridos. Hay un estado de avidez muy grande por parte de los jubilados”, explica Semino. Además, con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentarán una medida cautelar para declarar la inconstitucionalidad de los cambios, que regirán a partir de marzo. “Estamos esperando que se publique el decreto para estructurar la demanda, pero el eje sería por agresividad en la aplicación de los derechos del adulto mayor”, dice. A lo que apuntan desde la Defensoría de la Tercera Edad, es que se debería haber pagado de acuerdo al índice de la reforma anterior, luego derogarlo y recién discutir una nueva fórmula.
Por último, consultado el proyecto que envió el Ejecutivo para modificar los regímenes de privilegio —que abarca a integrantes de la Justicia Nacional, Fiscalía de Investigaciones, Ministerio Público, funcionarios de sedes diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores— Semino considera que es pertinente que sean revisados”. “Hay que revisar los regímenes de privilegio, la ley 24.018 es del año 1991, y los gobiernos que hubo desde ese momento no lo modificaron”, sostiene. “Es algo que fue usado muchas veces como excusa y nunca se reformó. Esperemos que si se hace, sea una reforma sea seria y consensuada, sin afectar derechos adquiridos”, concluye.
A.G./M.C.
