El oficialismo deberá fortalecer las vías del diálogo y los acuerdos políticos en el Congreso con bloques opositores para respaldar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el mega decreto que dispuso Javier Milei para desregular la economía, el cual debe ser remitido al Parlamento dentro de un plazo de diez días hábiles para su tratamiento.
El obstáculo central que afronta el oficialismo consiste en que varios de los bloques están dispuestos a avalar algunas de las iniciativas del Gobierno (como la Unión Cívica Radical, el PRO y Cambio Federal) en temas como las privatizaciones y la reforma laboral, cuestionan la metodología unilateral utilizada para llevarlas adelante.
Si bien el DNU entra en vigencia más allá de este recorrido que en paralelo debe hacer en el Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
Tal como informó la agencia Télam, esta tarde comenzó a delinearse la composición de la Bicameral en ambas Cámaras, pero será oficial una vez que Villarruel y Menem emitan los respectivos Decretos Parlamentarios.
En la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (agrupación conformada por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (que aglutina a peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).
Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el libertario Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Unión por la Patria, que este jueves mantuvo una reunión por Zoom y aspira a sumar un lugar más en la Bicameral -algo que no ocurrirá-, confirmó sus nombres a última hora de la noche: Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Silvia Sapag.
Controversias en la Cámara baja
La conformación de la comisión en Diputados despertó controversias, ya que el bloque de Unión por la Patria reclama que la distribución se haga a través del sistema D'Hont para poder tener 5 de los ocho miembros, pero Martín Menem anticipó el martes a los periodistas que dicha disposición es para las comisiones permanentes pero no para las especiales, como lo es la Bicameral de Trámite Legislativo.
Si se aplica ese criterio de proporcionalidad, a UxP le corresponderían cuatro representantes, en tanto que uno a La Libertad Avanza (Oscar Zago), uno al PRO (Hernán Lombardi) y uno a la UCR (Francisco Monti), aunque a última hora de este jueves se especuló incluso con que la presencia de UxP quede reducida a tres, a partir de un conglomerado que pretendían formar el resto de las fuerzas y que le permitiría demandar otro lugar a LLA.
En el reparto de los ocho lugares ya se aseguró una plaza el grupo de bloques denominado "Acuerdo Parlamentario", conformado entre Cambio Federal, Hacemos Nuestro Innovación Federal y Coalición Cívica, que propone a Nicolás Massot.
Procedimientos y plazos legales de la Bicameral
El Gobierno tiene un plazo de diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 70/2023 a fin de que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir su dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado a rajatabla ese plazo.
Tras la emisión del dictamen las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto en cuestión, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. Uno de los temas que se viene discutiendo en el recinto es si el Parlamento puede reunir sus plenarios para debatir la validez de los DNU, más allá de que no estén convocadas las sesiones extraordinarias.
Esta comisión no funciona desde mediados del 2022 y se registran más de cien DNU dictados durante la gestión de Alberto Fernández que aún no fueron tratados.
Según establece la ley, todo decreto tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción ficta".
"El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", establece uno de los artículos de la ley 26122.
Por otro lado, dispone que las cámaras "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".
Cabe destacar que la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones incluso durante el receso del Congreso, y que sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
El organismo parlamentario debe emitir dictamen o dictámenes, y el de mayoría debe llevar la firma del presidente de esa bicameral, que deberá expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto.
En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento, y tendrá que emitir dictamen en un plazo de diez días.
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