El Gobierno nacional decidió estatizar 3.374 kilómetros de rutas nacionales, al quitar las concesiones privadas —vencidas hace dos años— de cinco corredores viales hasta que vuelvan a licitarse.
Según consignó Clarín, el decreto que establece la estatización se publica este martes 24 de septiembre en el Boletín Oficial, y anuncia que la empresa estatal Corredores Viales —formada en un 51% por el Ministerio de Transporte y 49% por la Dirección Nacional de Vialidad— se hará cargo de esas rutas hasta que vuelvan a licitarse, con un plazo máximo de cinco años.
De esta forma, el Ejecutivo nacional resolvió que Corredores Viales se haga cargo de las nuevas operaciones en las rutas 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36 y 188, que además incorporará los 978 empleados que trabajaban en los cinco corredores viales, manteniendo cargo, sueldo y antigüedad. Las rutas atraviesan en total 11 provincias.
Se trata del Corredor vial 2, de 688 kilómetros en las rutas 8, 36 y A-005, el Corredor vial 3, que compone 798 kilómetros en las rutas 9 y 34, el Corredor vial 4, de 664 kilómetros parte de las rutas 19 y 34, Corredor vial 6, con 934 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16 y el Corredor vial 8, 688 kilómetros de las rutas 8, 36 y A-005.
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Las concesiones privadas de los cinco corredores viales que ahora se estatizarán se generaron en 2010, y vencían en abril de 2016, con la opción de una prórroga otorgada al Gobierno por 12 meses, por única vez. Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional hasta junio de 2018, renovó luego esas concesiones sin concurso hasta abril de 2018, y luego hasta que se asignara una nueva concesión, según explicaron desde Casa Rosada al mencionado medio.
Si bien se pensaba licitar mediante el mecanismo PPP, no pudieron licitarse “porque el financiamiento era muy caro”, por lo que pospusieron la licitación y por ese motivo ahora se decidió estatizarlas, argumentaron desde Vialidad.
A raíz de una denuncia judicial del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. En la denuncia, el sindicato sostuvo que, de acuerdo a la normativa vigente, correspondía que el Estado llamara a concurso en lugar de renovar las concesiones en forma directa.
El juez federal Sebastián Casanello investiga a los funcionarios por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica, mal desempeño en sus funciones y violación de los deberes de funcionario público. No obstante, desde el Gobierno estiman que, al oficializarse el Decreto que llevará la firma del presidente Mauricio Macri, “se están aceptando todas las prórrogas anteriores”, por lo que la denuncia no tendría efecto.
A.G./F.F.
