La apuesta de Lázaro Báez como empresario petrolero en Santa Cruz es el modelo perfecto de la dinámica que explica años de falta de inversión energética pese al crecimiento económico: por intervención del Gobierno nacional, el negocio hidrocarburífero fue quedando en manos de empresarios ajenos al sector, pero cercanos a la Casa Rosada.
El vínculo entre el oficialismo y el hombre señalado como “socio de Néstor Kirchner”, que quedó en el foco de denuncias por presunto lavado de dinero, quedó en evidencia al ser beneficiado en licitaciones donde compitió con gigantes del rubro, y también hace pocos días, cuando desde la Nación contribuyeron para que no pierda la concesión.
Antecedentes. En noviembre de 2006, bajo la gobernación de Carlos Sancho, la provincia anunció la licitación de 15 áreas marginales, improductivas y de alto riesgo geológico. A la compulsa se presentaron los grandes jugadores de la industria, como YPF, Tecpetrol (del Grupo Techint), Enap Sipetrol, Petrobras, Pluspetrol, Roch y Geopark. Pero la administración patagónica desestimó sus ofertas por no cumplir correctamente con los requisitos técnicos de los pliegos, toda una rareza en empresas con amplia trayectoria en licitaciones. Como resultado, Epsur y Misahar, las firmas de Báez en el negocio, se adjudicaron siete áreas. Oil M&S, de Cristóbal López, otro empresario con excelente llegada al Gobierno, ganó otras siete. La restante quedó vacante.
Según consta en los registros del Instituto de Energía de Santa Cruz, Báez tendría que haber desembolsado US$ 81,17 millones en las siete áreas adjudicadas, una cifra sobredimensionada según el consenso generalizado de la industria. Desde 2007 hasta fines de 2011, sin embargo, el empresario sólo perforó un pozo en una de las siete áreas y concretó algunas tareas sísmicas.
El Ejecutivo santacruceño evitó tomar cartas en el asunto hasta que se acentuaron los contrapuntos entre el gobernador Daniel Peralta y la Casa Rosada. En septiembre de 2012, Peralta finalmente revirtió los permisos de exploración de dos áreas petroleras –Gran Bajo Oriental y Sierra España– a nombre de Oil M&S. Unos meses más tarde, en febrero, intimó a Epsur y Misahar a exhibir un resumen de las tareas realizadas en sus siete campos petroleros, que permanecen improductivos. Lo amenazó con revocarle la concesión.
El propietario de Austral Construcciones, la mayor constructora de la región, presentó documentación que está siendo analizada por los técnicos del Instituto de Energía de Santa Cruz, la autoridad de aplicación sobre cuestiones hidrocarburíferas. Al mismo tiempo comenzó a tejer, con el respaldo de la Casa Rosada y de colaboradores de CFK, una estrategia para sumar socios e inversión en esos activos y de esa manera, blindarse frente a un eventual avance estatizador de Peralta.
Con esa consigna, Báez llegó hace unos días a un preacuerdo con los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni –los petroleros más importantes del país, de Bridas Energy– para asociarse en los siete bloques santacruceños, según confirmaron a PERFIL allegados a la negociación.
La era K de los “petroamigos”
Desde que en 2006 se sancionó la Ley Corta de Hidrocarburos, que transfirió la titularidad de los recursos petroleros a las provincias, antes administrados por la Nación, las provincias petroleras realizaron varias rondas licitatorias de áreas exploratorias. La compulsa en 120 bloques dio lugar al ingreso de nuevos actores locales, muchos con excelentes vínculos con el kirchnerismo.
El grupo liderado por el ex funcionario menemista José Luis Manzano, que controla las firmas Kilwer, Ketsal y Cliveden, prácticamente sin antecedentes en el sector, fue sin dudas el principal vencedor de la oleada licitatoria: en total, se alzó –en asociación con otras compañías– con 32 áreas de exploración distribuidas en varias provincias; nada menos que 25% de todo el paquete.
Oil M&S, de Cristóbal López, que maneja la mayoría de los casinos del país, se adjudicó 11 bloques, la mayoría en la Patagonia. Lázaro Báez, con Epsur y Misahar, sumó siete bloques de exploración en Santa Cruz. “Apostaban a adjudicarse los campos para luego desarrollarlos sumando inversores internacionales. Pero la caída del precio del crudo en 2008 y los factores de la economía local que generan incertidumbre complicaron esos planes”, explicó un petrolero que siguió de cerca el proceso.
