“Esto es bien clarito, bien transparente y es voluntario. Está en la decisión de cada persona adherir. Hay mucha gente que está cerca de la edad jubilatoria y le puede convenir”. En esos términos se expresaba el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a principios de abril, cuando Mauricio Macri ya había firmado el decreto por el cual habilitaba un régimen de retiros voluntarios para trabajadores estatales. Los resultados parciales, sin embargo, están lejos de las expectativas del Gobierno: hasta ahora solamente 350 empleados manifestaron su voluntad de adherirse, cuando de mínima se esperaba que ese número llegue a 3 mil.
En el Gobierno admiten que el número está bajo, pero esperan que el nivel de adhesión vaya en ascenso para fin de año. “Por experiencias pasadas, tanto a nivel Nación, como la que hicimos en la Ciudad, el porcentaje de adhesión es ése”, explican desde Modernización.
Según la información oficial, hay unos 77 mil estatales que están alcanzados por la medida y podrían adherir al regimen. Apenas salió la noticia, Ibarra dijo públicamente que estimaba que llegarían a entre 5 mil y 8 mil trabajadores. Días después, fuentes gubernamentales moderaban las expectativas y hablaban de cifras entre 3 mil y 5 mil.
El interrogante cada vez que se abre un retiro voluntario es si la propuesta es atractiva para los trabajadores alcanzados. En este caso, la indemnización prevista es un primer pago correspondiente a seis sueldos netos y después 24 cuotas mensuales y consecutivas del 70% de ese sueldo. Les consideran, además, todos los aumentos que reciban los estatales en ese período.
El magro resultado parcial fue informado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una de las respuestas que le brindó a los senadores en su última visita, esta semana. Fue ante la consulta de la senadora peronista Beatriz Mirkin, de Tucumán.
El decreto 263/18 que habilitó el retiro voluntario establece que se pueden adherir agentes de más de 65 años sin los servicios requeridos para jubilarse (hay 1.291 trabajadores en esa condición), los que tienen entre 60 y 65 años (9.841 trabajadores) y los menores de 60 con más de dos años de antigüedad en la administración pública (65.890 agentes).
El informe presentado por Peña detalla que solamente 350 ya manifestaron su voluntad de adherirse. Y los desglosa en 114 de las dos primeras categorías (mayores de 60) y 236 de la tercera. De estos últimos, la mayor parte tienen más de 20 años de antigüedad en la administración pública (95 empleados).
De esta manera, la cifra de trabajadores que quieren dejar de manera voluntaria su cargo apenas supera el 10% de las estimaciones que tenía el Gobierno. Todavía faltan seis meses de plazo y especialistas consideran que es normal que la mayoría termine de definir hacia fin de año. Llegado ese momento, el Gobierno sabrá si la oferta fue lo suficientemente atractiva como para lograr un buen porcentaje de adhesión y de reducción de la planta de empleados, o si, por el contrario el retiro termina siendo un fracaso y la mayoría decide que no es momento para quedarse sin trabajo.
