Este viernes por la noche, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó el despido de Leandro Massaccessi, jefe de Gabinete de esa cartera e hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial de la UCR Horacio Massaccesi. El funcionario había sido nombrado en agosto de 2024, pero la ministra le pidió anoche que deje el cargo porque es otro de los beneficiarios de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación, que pusieron a la administración libertaria ante otro escándalo. En este caso, se trata de uno de los créditos otorgados más altos, con un monto de 420 millones de pesos.
La noticia fue oficializada por el Gobierno al cierre de esta edición y confirma que la cantidad de funcionarios del gobierno libertario que consiguieron este tipo de préstamos es más extensa de lo conocido e incluye a numerarios de la cartera que lidera Pettovello. Es una de las ministras más cercanas al presidente Javier Milei y la mejor posicionada para reemplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (ver página 12).
La caida de Massaccessi aparece como una decisión preventiva de Pettovello antes de que el escándalo siga creciendo y cuando el Gobierno intenta superar la crisis.
El caso de los créditos estalló esta semana. Son préstamos otorgados por el Banco Nación a miembros del equipo económico y diputados del oficialismo. A partir de esta información, la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”. Esta presentación judicial se sumó al pedido de informes presentado por el diputado Esteban Paulón, quié le exigió al Ejecutivo que explique las condiciones en que se concedieron esos préstamos por montos que, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos.
Los datos de los préstamos otorgados son públicos y se pueden chequear en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que registra el nivel de endeudamiento de los usuarios del sistema financiero. Pero los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot cruzaron esa data con el análisis de las declaraciones juradas y desarrollaron “¿Cuánto deben?”. Es una web con un visualizador que permite comparar la evolución mensual de deuda de funcionarios y diputados nacionales. Así, se identificaron a quienes trabajan en el Estado y en el Poder Legislativo y registran créditos principalmente hipotecarios– otorgados por el Banco Nación.
En la presentación judicial, Frade indica que los montos que otorgó el BNA– no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. Y argumenta: esos préstamos “podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas”. Los funcionarios mencionados son: Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas; Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de Presidencia; Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central; Emiliano Mongilardi, director de YPF. También los diputados nacionales de La Libertad Avanza Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.
Según la información de “¿Cuánto deben’”, Inchauspe recibió 510 millones de pesos. Furiase 367 millones y Núñez 373 millones. A Carreira, que también dirige la Oficina de Respuesta Oficial, le otorgaron 113 millones y a Mongilardi, 309 millones. Por su parte, los diputados Bongiovanni, Campero y Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $ 230 millones y los $ 279 millones, según los distintos períodos relevados. El listado confirma que el grupo de involucrados es más grande de lo conocido.
Frade pidió librar oficios al BNA para acceder a los legajos crediticios de todos ellos y de otros funcionarios públicos. También obtener las actas de directorio con las que se aprobaron las operaciones y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia si existieron o no perjuicios económicos para el banco, de cualquier naturaleza. La diputada también pidió indagar “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo”. Por último, exigió que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.
Su colega Paulón, en tanto, puso el foco en tres puntos: si hubo exceso en los límites de crédito a personas políticamente expuestas, si se aprobaron préstamos con dictámenes técnicos desfavorables de áreas de riesgo y si existieron resoluciones excepcionales para habilitar estos financiamientos. “La difusión de créditos otorgados a diversos funcionarios nacionales generan más dudas que certezas. El banco público es de todos y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”, indicó en su cuenta de X. Campero y Bongiovanni rechazaron la acusación. Y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con todos los requisitos. Campero señaló que la denuncia es “maliciosa” porque no se trata de un crédito “discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria UVA abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”.
