martes 22 de junio de 2021
POLITICA Deportación en trámite
26-10-2018 20:45

Horacio García: "En los últimos dos años expulsamos a 1.300 extranjeros"

"Queremos que las personas que rompen el contrato de confianza no estén más en el país", comentó el Director de Migraciones.

26-10-2018 20:45

El Director Nacional de Migraciones, Horacio José García, se refirió al debate impulsado por el Gobierno respecto de generar mecanismos para deportar a los extranjeros que cometen delitos en el país, y declaró: “En los últimos dos años y medio se radicaron 580.000 personas extranjeras, y un 83 por ciento de esas personas fijó domicilio en Capital y en el primer cordón”.

En diálogo con el programa La boca del Lobo en La Once Diez/Radio de la Ciudad, aseguró de esta manera que “estamos amontonando gente cuando en las provincias hay carencia de mano de obra”. Además, comentó que “sobre 580.000 personas, la Argentina expulsó a solo 1.300”, y afirmó: “Evidentemente no estamos haciendo nada desmesurado, desequilibrado ni que no sea razonable”.

“Solamente queremos que las personas que rompen el contrato de confianza no estén más en el país”, indicó ante las preguntas de Guillermo Lobo y Daniel Santa Cruz.

Asimismo, habló sobre la detención de extranjeros por los incidentes ocurridos en el Congreso durante la manifestación contra la aprobación del nuevo presupuesto nacional y, sobre los migrantes venezolanos detenidos, comentó: “A notros nos consta que se han radicado en la Argentina hace un mes y medio, y evidentemente eso nos llama la atención”.

El Gobierno ratificó la voluntad de expulsar a los extranjeros que delinquen

"Si se prueba esto, se reforzaría más la idea de cancelarles las residencias, declarar irregular su permanencia y expulsarlos, porque una persona que vino hace un mes y medio y está involucrada en estos hechos evidentemente no tiene mucho respeto por la convivencia pacífica”, aseguró.

En último lugar, apuntó: “Un sistema que genera semejante cantidad de residencias, primera en Latinoamérica, tiene que tener un sistema más ágil de expulsión a aquellos que no vienen a trabajar, producir o estudiar sino que vienen con otros fines”.

“Nosotros, desde el Estado, no queremos que en la Argentina permanezcan personas que realmente hayan realizado esos hechos”, finalizó.