Tras denunciar una amenaza de muerte en su contra, el juez federal Claudio Bonadio avanza a paso redoblado con el expediente de Hotesur SA, la empresa hotelera de la familia presidencial denunciada por la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades societarias. Esta firma está siendo investigada también en el fuero Penal Tributario, por el contrato de alquiler de habitaciones que mantuvo con la empresa Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez.
En la mira de Bonadio está un voluminoso expediente, de 11 cuerpos y más de dos mil fojas, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), sobre la relación comercial entre la empresa de los Kirchner y Aerolíneas Argentinas. En la oficina del magistrado se acumulan cajas que muestran la celeridad con la que está avanzando.
Desde el 12 de diciembre Bonadio tiene en su poder los documentos de la OA que surgieron de una denuncia realizada por la diputada Patricia Bullrich, en octubre de 2009, tras conocerse que el hotel presidencial Los Sauces participaba en el programa de beneficios Aerolínas Plus y el hotel Alto Calafate, también de la familia Kirchner, era contratado por Aerolíneas Argentinas y Austral para el alojamiento de sus tripulaciones. El organismo de control definió en marzo de 2012, mediante la resolución 324, que “la Sra. Cristina Fernández de Kirchner no ha infringido la Ley de Etica Pública”.
En vistas del ímpetu que está imponiendo a la investigación, fuentes al tanto del proceso indicaron que se espera que el juez federal arribe a una conclusión distinta a la que llegó el organismo de control en 2012, cuando termine de analizar los convenios comerciales entre los hoteles presidenciales y la empresa aeronáutica que controla La Cámpora –organización fundada por el director suplente de Hotesur SA, Máximo Kirchner.
Regularización bajo la lupa. Por otro lado, efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron el jueves en la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, con un acta firmada por el juez federal. El objetivo era llevarse los balances y otros expedientes presentados por Hotesur en diciembre, que incluyen el trámite por el cual se notificó la integración de miembros de la familia Kirchner en el directorio. Este cambio societario permitió eliminar todo rastro del vínculo con el empresario patagónico Lázaro Báez y Valle Mitre. La sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, fue designada como presidenta de Hotesur, la hermana de Cristina, Giselle Fernández, fue nombrada directora –a pesar de que está inhabilitada por la AFIP para facturar–, y Máximo y Florencia Kirchner accedieron al cargo de directores suplentes.
Fuentes al tanto del trámite judicial confirmaron que el juez federal estudiará el proceso de regularización que ensayó la Presidenta y su familia en diciembre, al notificar una reunión de directorio que, según declararon, había sido realizada en marzo. El citado proceso fue facilitado por la Resolución 4/14 de la IGJ, del 12 de diciembre pasado, que postergó cualquier sanción a las compañías con irregularidades registrales hasta abril de 2015.
Como informó este medio en diciembre, hay dos claros indicios de que este nuevo marco regulatorio fue creado para aliviar los dolores de cabeza presidenciales: la resolución se basó en un expediente que tiene como fecha el día en que Bonadio allanó la IGJ, el 20 de noviembre, en busca de la información sobre Hotesur y la empresa comenzó a regularizar su situación tres días después de la entrada en vigor de la norma.
