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POLITICA / en la mira de la justicia
sábado 8 septiembre, 2018

Iguacel, apuntado por ceder una obra a una empresa implicada en los cuadernos

El secretario de Energía, ex titular de Vialidad Nacional, autorizó que la constructora Chediack se quedara con un contrato de la Ruta 40. Debieron suspender los trabajos.

por Emilia Delfino

SILENCIO. Ni el funcionario ni el organismo quisieron dar su versión. Foto: cedoc perfil

En plena tormenta del sistema de obra pública por causa de los cuadernos de la corrupción, el secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó bajo la lupa judicial por una decisión que tomó cuando ocupaba la dirección de Vialidad Nacional. El funcionario autorizó que una empresa al borde de la quiebra cediera a la constructora José J. Chediack una licitación pública para realizar obras en la Ruta Nacional 40, a pesar de no contar con la autorización judicial para hacerlo, según fuentes judiciales.

La obra implica un camino y un puente, en el tramo Barrancas-Malargüe, en la provincia de Mendoza. El contrato supera los $ 668 millones.

El presidente de la compañía que se quedó con la obra es Juan Chediack, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción que admitieron el pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo. El constructor dio un paso al costado y renunció a la presidencia de la compañía tras su declaración.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ya interviene para determinar si se inicia una investigación sobre Iguacel y el resto de los funcionarios que avalaron la cesión de la licitación, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL.

La obra había sido adjudicada en 2009 a la empresa OPS SA, que atraviesa un concurso de acreedores y es investigada por movimientos irregulares de dinero. La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (Procelac) también interviene en el análisis del caso.

Ante la crisis de OPS, Iguacel firmó una resolución el 21 de abril de 2017 en la que autorizaba que la empresa le cediera el contrato de obra pública a la constructora José J. Chediack. El documento que compromete a Iguacel es una resolución  en la que establece: “Previo a la asunción en su carácter de contratista de la firma José J. Chediack debía verificarse la aprobación por parte del juzgado”, y agrega que el organismo había “verificado la aprobación” judicial. Sin embargo, no es lo que planteó la fiscal general Gabriela Boquín cuando el caso llegó a su despacho. Entendió que el acuerdo beneficiaba a Chediack y perjudicaba a los acreedores de OPS, cuyas deudas siguen sin pagarse.

La jueza Vivian Fernández Garello, del juzgado comercial número 31, se había declarado “incompetente” para decidir sobre la cesión del contrato, pero para la fiscal eso no implicaba la autorización de esa cesión. El caso llegó a la Cámara Comercial pero Vialidad no esperó el fallo del tribunal y dio luz verde a Chediack.

La fiscal Boquín solicitó que se suspenda todo lo actuado desde 2017 y que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y Vialidad remitan toda la documentación sobre la licitación. La Cámara le dio la razón y la jueza debió suspender las obras el lunes. Lo que está en juego es que este contrato sería el único ingreso de dinero para pagar a los acreedores de OPS y la Justicia debe garantizarse que el dinero vaya al pago de las deudas. 

Chediack y OPS firmaron dos acuerdos. El primero no implicaba ningún ingreso para OPS. El segundo acuerdo estableció que Chediack abonaría a OPS el 3,5 % de lo que facturara al Estado por la obra. Hasta el momento, Vialidad no pagó un peso a Chediack por los trabajos realizados, indicaron fuentes del caso.

La consecuencia podría implicar que el Estado deba pagar dos veces por la misma obra: a Chediack por los trabajos y al concurso de acreedores de OPS por la desautorización judicial, explicaron en el tribunal.

PERFIL se comunicó con Vialidad y con Iguacel pero no respondieron consultas. En el escrito presentado en la causa, uno de los abogados del organismo dijo que la decisión de la jueza implica una “intromisión” en el Poder Ejecutivo y que paralizar la obra tendría “efectos irreversibles” para “la seguridad e integridad física de los usuarios” y el interés público.

“Hace un año y medio que estamos trabajando. Tuvimos que suspender la obra y despedir a más de 120 empleados. Estamos expectantes de que esto se pueda dilucidar de forma eficaz”, dijeron en la constructora Chediack. El martes, las partes se verán en una audiencia en el fuero comercial.


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