El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, fue imputado esta mañana por el fiscal Ramiro González, quien dio impulso a la investigación para determinar si el vicejefe de Gabinete macrista cometió algún tipo de delito al tener acciones y control de la cadena Farmacity y ser funcionario público.
González pidió un paquete de ocho medidas iniciales, entre ellas las declaraciones juradas de Quintana e informes para determinar si la empresa mantiene relación comercial con el Estado. En tanto que también pidió a la Jefatura de Gabinete Bonaerense que explique la situación de la cadena de farmacias en ese territorio. En el caso interviene el juez Ariel Lijo, quién ahora deberá decidir si hace lugar al pedido de González.
El proceso contra Quintana comenzó tras la denuncia de un particular, Daniel Igonlnikov, quien ya denunció a diferentes funcionarios de Cambiemos, y hasta al presidente Mauricio Macri, quien refirió al programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. Allí se mencionó que Quintana “en su rol de ex Vice Ministro habría participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener poder de decisión en la empresa Farmacity, la cual habría sido favorecida como proveedor de PAMI”.
El denunciante también citó dichos del programa de Gustavo Sylvestre, donde se expuso la “presunta adulteración de documentación en que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires”. En tanto que también hizo referencia a “las supuestas influencias en la Corte Suprema de Justicia para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica; y que la provisión de un remedio es inapropiado dado que el proveedor de medicamento es una sociedad comercial en este caso, haciendo expresa mención sobre los supuestos manejos que Quintana haría al respecto, '… lo que perjudicaría no solo a los laboratorios medicinales, sino a los boticarios y a los consumidores de remedios, cuyo mayor comprador es el PAMI, o sea millones de jubilados y pensionados…'”, se señala en el escrito al que accedió PERFIL.
Cuando ratificó su denuncia, Igolnikov agregó que Quintana tendría participación en las empresas “Partner SA”, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y “Pegasus SA”, “que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada”.
Entre las medidas pedidas por González está que la Oficina Anticorrupción (OA) remita las declaraciones juradas de Mario Quintana desde el año 2015, cuando asumió la función pública, a la fecha. Y que indique “si se han formado actuaciones o investigaciones administrativas”. También que el organismo remita “todas las actuaciones o investigaciones administrativas que obren en sus registros respecto al nombrado y/o Farmacity, “Farmacity SA”, “Partner SA” y “Pagasus SA””.
A la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), González le pidió “que informe la composición del directorio de las empresas Farmacity, 'Farmacity S.A.', 'Partner SA' y 'Pegasus SA', debiendo además remitir copias certificadas de las actas de constitución, de asamblea y directorio, como de cualquier otra documentación que obre en ese organismo al respecto”.
En tanto que al Ministerio de Modernización, le solicitó que informe si las firmas denunciadas son proveedores del Estado, particularmente de la obra social “PAMI”, y en ese caso “indique número de proveedor o legajo que posee”.
El fiscal también pidió que se libre una orden de presentación al P.A.M.I. para que entregue toda la normativa vinculada con la contratación de los proveedores de farmacia, “como así también proceder al secuestro del legajo de la empresa Farmacity, “Farmacity S.A.”, “Partner SA” y “Pegasus SA”, y toda la documentación relacionada con su contratación”.
González también solicitó que se certifique la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria, que está en la Corte Suprema de Justicia. Y que se pida a la jefatura de Gabinete bonaerense que “remita el expediente a través del cual se resolvió autorizar a la empresa Farmacity SA a operar en esa provincia”.
