En la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut existe un expediente de 79 folios que confirma lo que el ministro Julio De Vido niega desde hace más de un año: cómo se negociaron las condiciones del contrato de la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años con el gobierno de Néstor Kirchner.
Los protagonistas de ese acuerdo fueron el ministro de Planificación, el ex gobernador Mario Das Neves –que entonces era kirchnerista y ahora es candidato de Sergio Massa– y la compañía petrolera Pan American Energy (PAE). Los borradores, a los que PERFIL accedió en exclusiva, salen del fax de la sede central de la compañía. Incluyen un decreto para que sea firmado por el entonces presidente Kirchner dándoles el negocio.
PERFIL reveló el domingo pasado que organismos de los Estados Unidos citaron al empresario José Luis Manzano –ex ministro de Carlos Menem– para que declare si De Vido y Das Neves le pidieron commissions (coimas) a cambio de negocios petroleros. La Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, un fiscal y un agente del FBI llevan adelante esta investigación sobre el posible pago de coimas por Cerro Dragón.
El expediente cuenta con cuatro borradores del contrato por la extensión de la concesión del yacimiento. Está en poder de los investigadores. El senador Mario Cimadevilla confirmó que entregó una copia. Los dos primeros fueron intercambiados entre PAE y los funcionarios vía fax entre el 11 de septiembre de 2006 y el 3 de octubre de 2006. De Vido alega que no tuvo ninguna participación en este contrato, ya que en diciembre de 2006 el Gobierno cambió la ley para que la potestad de administrar recursos naturales pasara a manos de los gobernadores. Pero este expediente demuestra que el contrato con PAE iba a firmarse en 2006 por el gobierno de Kirchner. También demuestran que primero se negoció por extender la concesión por diez años, como marca la ley. Y luego se llegó a un acuerdo por extenderla por “períodos sucesivos de diez años”.
El primer borrador del contrato salió del fax de PAE el 11 de septiembre de 2006 junto con nueve anexos, incluyendo un decreto presidencial. El decreto reza: “Apruébase lo actuado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.
Al leer el expediente, las sospechas sobre cómo se negoció uno de los contratos petroleros más importantes de la última década sólo se acrecientan. Hay un dictamen del fiscal de Estado provincial, Jorge Luis Micheralena, del 9 de marzo de 2006, que lleva su firma y su sello. “De la manera en que están redactados los documentos debe tenerse bien en cuenta que se trata de una especie de matrimonio con PAE, una suerte de relación vitalicia entre el Estado y PAE en relación con estas áreas. El costo de salida para el Estado es enorme”, escribió Michelarena. Sin embargo, un año después el fiscal aprobó el contrato en las mismas condiciones. Das Neves lo ascendió a procurador general de Chubut. Actualmente sigue en el cargo.
Tras algunas correcciones indicadas por funcionarios públicos, la segunda versión fue enviada por la empresa vía fax el 29 de septiembre de 2006. Días más tarde se elaboró un informe contestando las dudas de los funcionarios sobre el contrato y el 3 de octubre se les respondió en un fax denominado “Contesta Informe”.
Hasta las becas de estudio que PAE prometió como parte del acuerdo involucraban a De Vido. En la versión final, realizada el 15 de marzo de 2007, doce días antes de la firma del contrato definitivo –que no incluyó a De Vido– se toma nota en el borrador de las menciones a De Vido y al gobierno nacional que deben ser eliminadas. Se había sancionado la “ley corta”. Pero la urgencia hizo que los funcionarios de Chubut se olvidaran de borrar algunas de esas frases como puede apreciarse en la versión oficial del contrato.
Las trampas de la “ley corta”
En noviembre de 2006, el kirchnerismo defendió la sanción de la Ley 26.197 (conocida como “ley corta”) en pos de remediar una deuda histórica: colocar el dominio de los hidrocarburos en cabeza de las provincias petroleras, en línea con lo que ordena el artículo 121 de la Constitución reformada en 1994. Tuvieron que pasar 12 años para que se materializara el cambio de titularidad.
Desde entonces, las gobernaciones provinciales actúan como autoridad de aplicación en materia petrolera y también ejecutan el poder de policía. En Chubut, además de Das Neves, Norberto Yahuar -un hombre de De Vido- y Martín Buzzi -actual gobernador- tuvieron un rol central en el caso de Cerro Dragón.
En la práctica, la ley sentó las bases para que los gobernadores encararan renegociaciones millonarias de los contratos firmados con las empresas productoras de petróleo y gas. Con una salvedad: al estar bajo el dominio de las provincias, los nuevos contratos no pasaron por el Congreso Nacional, sino que fueron ratificados por las legislaturas de cada distrito, reductos mucho más nebulosos e intrincados. Allí, la oposición tenía menos fuerza para imponer objeciones.
