El exfuncionario, arrestado por enriquecimiento ilícito, aseguró que como estaba estructurado el sistema eran las provincias o los municipios los encargados de contratar y controlar el avance de las obras, indicaron a DyN fuentes judiciales.
Además, López aseguró que cuando estalló el escándalo tras el alejamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en mayo de 2011, él ordenó hacer auditorías donde se detectó que "el avance financiero y físico de las obras se condecía" con el dinero entregado por las arcas públicas.
De esta manera, López se defendió de las imputaciones en la causa "Sueños Compartidos", en donde le lunes próximo deberá declarar el ex ministro de Planificación y hoy diputado Julio De Vido.
De esta manera, López se defendió de las imputaciones en la causa "Sueños Compartidos", en donde le lunes próximo deberá declarar el ex ministro de Planificación y hoy diputado Julio De Vido.
Sin embargo, la expectativa está puesta en lo que sucederá mañana: para las 10 de la mañana está citada Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, quien ya faltó a una primera audiencia.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación, deberá resolver si ordena su detención, si es que la dirigente decide no aparecer en los tribunales.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748.719.414,64 pesos para llevar adelante la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, pero se habrían desviado 206.438.454,05 pesos, según estableció la causa.
Hoy López fue trasladado de la cárcel de Ezeiza, donde cumple arresto desde el 14 de junio pasado, cuando lo atraparon en el convento de General Rodríguez con casi nueve millones de dólares en su poder.
Fuentes del caso contaron que desde que está preso bajó quince kilos, pero lo notaron "muy colaborador y entero", muy distinto a como lo habían visto en las primeras horas después de su arresto.
Durante casi dos horas, López explicó cómo era el sistema de contrataciones y derivó el control de las obras en sus subsecretarios, Abel Fatala (de Obras Públicas), que fue indagado ayer, y el fallecido Luis Bontempo (de Desarrollo Urbano y Vivienda).
Según explicó, "el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional", indicaron fuentes judiciales.
Además, detalló que los certificados de obra "eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financiamiento que era el compromiso del Estado Nacional".
Según señaló, "una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado".
López precisó que "el seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, control y aprobación de los certificados".
El ex funcionario también dijo que tras el alejamiento de los Schoklender y la difusión del escándalo, él ordenó a sus subsecretarios auditorias y las conclusiones revelaron que "el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio, y en segundo lugar, que los avances tanto físico como financiero se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones a las subsecretarías".
