La Cámara Federal porteña revocó el pasado jueves el procesamiento del empresario Alfredo Coto y su hijo Germán en la causa que investiga las armas halladas en el subsuelo de una de las sedes de su supermercado, ubicada en la calle en Paysandú al 1700 en el barrio de Caballito.
Los jueces de la Sala I de apelaciones Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito para Coto y su hijo al entender que, por el tamaño de la empresa que manejan, podían no saber sobre los temas vinculados con la seguridad comercial de la firma.
Los jueces de la Sala I de apelaciones Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito para Coto y su hijo
"Los elementos de prueba hasta aquí colectados no resultan aún suficientes para achacar las falencias e irregularidades detectadas en el ámbito relativo a la logística de seguridad a aquellos quienes, al día de hoy, no sólo ocupan la máxima jerarquía, sino que además se encuentran en un proceso de constante crecimiento y expansión", sostienen los camaristas en su fallo.
En este sentido, manifestaron que “resultaría inexigible e inimaginable que en una estructura de ese tipo de casi 20 mil personas y un sinnúmero de sedes en funcionamiento en todo el país, fueran su presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos vinculados a esa clase de actividad”.
Coto y su hijo habían sido procesados sin prisión preventiva en octubre de 2017 por tenencia ilegítima de materiales explosivos, acopio de armas de fuego, piezas o municiones sin autorización legal, entre otros delitos. Además, la Justicia les trabó un embargo de tres millones de pesos que también fue revocado.
En su fallo, la Cámara no puso en duda los delitos cometidos con ese armamento, pero sí eximió de responsabilidad a los empresarios. Durante su declaración indagatoria en abril de 2018, Coto sostuvo que no cometió ningún delito y aseguró que tomó conocimiento del tema de las armas a través de un gerente al que pidió que citen como testigo. El empresario declaró, además, que las fuerzas de seguridad habían dejado las armas allí desde hacía aproximadamente tres años, en una época en la que se temían saqueos al supermercado.
La causa se inició en mayo de 2017 tras la denuncia de los fiscales Franco Picardi y Jorge Felipe Di Lello, quienes forman parte de la Unidad Fiscal especializada en la investigación de delitos relacionados a armas de fuego, luego de que en una sucursal de esa firma fueran halladas 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego y 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y 9 escudos antitumultos.
A continuación, el fallo completo:
M.S./F.F.
