Agostina Páez, la abogada argentina que permanecía retenida en Brasil desde enero, acusada por injuria racial tras una denuncia por gestos considerados discriminatorios en un bar de Río de Janeiro, no irá presa y quedó a un paso de regresar al país. La novedad se conoció este martes, luego de una audiencia clave en la que la Fiscalía redujo la acusación y la defensa consiguió desactivar el escenario más grave que enfrentaba la mujer.
La confirmación llegó de boca de su abogada, Carla Junqueira, al salir del juzgado. Según explicó, ni la Fiscalía ni la querella se opusieron al regreso de su defendida a la Argentina. Lo que resta ahora es la firma del juez, que debe fijar la caución económica y dejar establecidas las condiciones finales para su salida de Brasil. La defensa calcula que ese trámite podría resolverse en pocos días, aunque todavía depende del monto que se defina como reparación para las víctimas.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la reformulación de la acusación. La santiagueña enfrentaba inicialmente tres denuncias por discriminación, una situación que elevaba de manera fuerte la expectativa de pena. Sin embargo, en la audiencia la Fiscalía unificó el caso bajo la figura de un delito continuado con tres víctimas.
Ese cambio alteró por completo el panorama judicial. Según la explicación de la defensa, la nueva calificación deja una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en la Argentina y el pago de una reparación económica. Así, la posibilidad de una condena de prisión efectiva quedó prácticamente desactivada, a la espera de la resolución formal del juez.
El descargo de la acusada
Al terminar la audiencia, la propia acusada habló ante la prensa y aseguró que le dijo “la verdad” al juez sobre todo lo ocurrido. También contó que pidió perdón a las víctimas y definió lo vivido desde enero como “la peor experiencia” de su vida. La escena reflejó un fuerte alivio, aunque todavía mezclado con cautela por la falta de una resolución escrita definitiva.
La mujer agregó que, pese al paso judicial favorable, no va a sentirse tranquila hasta volver a la Argentina. Según dijo, continuó recibiendo amenazas durante estos meses y teme que la decisión de este martes no alcance para poner fin al hostigamiento. Por eso, para ella, la verdadera tranquilidad recién llegará cuando pueda regresar a su casa.
El expediente se abrió el 14 de enero, después de que la abogada fuera grabada en un bar del barrio de Ipanema realizando gestos que fueron interpretados como racistas por empleados del lugar. El video se viralizó rápidamente y eso terminó derivando en tres denuncias penales por discriminación, además de una fuerte repercusión pública en Brasil.
A partir de esa investigación, la Justicia brasileña le impuso medidas cautelares severas. Desde entonces, la mujer permanecía retenida en Río de Janeiro con tobillera electrónica y con prohibición de salir del país. La causa avanzó durante estos meses bajo el sistema judicial brasileño, sin que el gobierno argentino pudiera intervenir sobre el fondo del proceso.
Por qué Argentina no podía sacarla de Brasil
El caso reabrió una discusión que suele aparecer cada vez que un ciudadano argentino queda involucrado en una causa penal en el exterior. Más allá de la presión política o pública que pueda generarse, el gobierno argentino no tiene facultades para intervenir sobre decisiones judiciales adoptadas por otro país. En este caso, al tratarse de un hecho investigado en Río de Janeiro, la competencia corresponde exclusivamente a la Justicia brasileña.
Lo que sí puede hacer la Argentina, a través del consulado o la embajada, es brindar asistencia consular. Eso incluye verificar que la persona tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, facilitar el contacto con su familia o ayudar con un traductor si hiciera falta. Pero no puede ordenar su regreso ni interferir en la causa. Por eso, la única vía real para que la abogada vuelva era una salida acordada en sede judicial, como la que empezó a tomar forma este martes.
Qué falta para que vuelva al país
Aunque el alivio judicial fue claro, la situación todavía no está completamente cerrada. El juez debe plasmar por escrito lo resuelto en la audiencia, establecer el monto de la fianza y fijar cuánto deberá pagar la acusada en concepto de reparación a las víctimas. Recién después de ese paso quedará formalmente habilitado su regreso a la Argentina.
La defensa cree que esa definición podría llegar en cuestión de días. Si eso ocurre, la abogada finalmente podrá dejar atrás un proceso que la mantuvo durante meses en Brasil, bajo medidas restrictivas y con la amenaza de una pena mucho más dura. Después de la audiencia, el horizonte cambió de forma drástica: ya no se discute si irá presa, sino cuánto falta para que pueda volver.
DCQ
