La aseguradora del Correo Argentino también se resiste a pagarle al Estado

En paralelo al litigio del Estado con Correo Argentino SA existe otra causa judicial en el fuero Contencioso Administrativo donde también surge la sombra del conflicto de intereses para la administración macrista. Desde 2004, el Estado reclama el cobro de un seguro ofrecido como garantía por las empresas que formaron Correo Argentino, entre ellas el Grupo Macri.

Si el caso prospera, la aseguradora deberá pagar. Sin embargo, una vez efectuado el pago, la firma tendría derecho a quedarse con bienes de la familia presidencial por el monto asegurado: $ 42.735.000.

En 2004, la cifra representaba 14,5 millones de dólares. Una definición judicial podría sumarle abultados intereses acumulados durante más de una década de litigio.

Al igual que los privados que manejaron el Correo Argentino, la firma Aseguradora de Créditos y Garantías SA (ACG), se resiste desde el inicio a efectuar el pago al Estado.

En 2004, la Secretaría de Comunicaciones emitió una resolución para iniciar la “ejecución de las garantías de ejecución del contrato de Concesión de los servicios del Correo Oficial”.

El seguro en cuestión se denomina “de caución”. A diferencia de un seguro del hogar o de un auto, en este caso la firma aseguradora efectúa el pago, pero luego tiene derecho a cobrarse el costo con bienes ofrecidos como garantía por el asegurado. En este caso, bienes de dos empresas del Grupo Macri: Sideco Americana SA y Socma.

Ante la negativa de la empresa aseguradora a cumplir con el pago al Estado se le inició un proceso judicial, que terminó por prolongarse por 11 años a causa de complejas maniobras de los abogados que han forzado la intervención de dos salas de la Cámara y un fallo de la Corte Suprema.

Uno pago. Otra parte de la garantía ofrecida por Correo Argentino que había sido aportada por el Banco Galicia, socio de los Macri, sí fue pagada unos años después. El seguro era de cinco millones de pesos, pero la Justicia obligó al Galicia a pagar 12 millones por intereses.

En 2014, el máximo tribunal se opuso a un pedido de la empresa para que el caso se unifique con la demanda directa del Estado a Correo Argentino. Además, definió que  a partir del fallo de la Corte, el proceso del Estado contra la aseguradora volvió el año pasado al juzgado de primera instancia contencioso administrativo de Macarena Marra Giménez.

La magistrada dispuso el año pasado el inicio de la presentación de pruebas y se eligieron peritos. Sin embargo, no hay precisiones sobre el tiempo que requerirá continuar con el caso.

La responsabilidad del Estado es continuar con el proceso, pero un resultado exitoso del mismo tendría como resultado la pérdida millonaria de bienes por parte del Grupo Macri: porque la empresa aseguradora, puede ejecutar como garantía si el caso tiene un resultado favorable a la posición del Estado que el accionista de esas empresas, Maurico Macri, dirige.

Una compañía en medio de la polémica

En la disputa entre el Estado y la aseguradora aparece una firma vinculada al Grupo Macri que ya causó dolores de cabeza al Gobierno. El contrato entre Correo Argentino y la aseguradora ACG fue gestionado por AON, broker de seguros de los Macri y adquirentes de una firma del Grupo. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado impulsan una investigación por millonarios contratos de seguro que el Ministerio de Transporte otorgó a AON sin licitación.

Al gerente de AON, Juan José González Galé, también se le asignó una fuerte influencia sobre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). González Galé frecuentaba los principales despachos y ofició de nexo para la transición en el cambio de gobierno, hasta que se desató un escándalo porque los gerentes se duplicaron el sueldo en julio pasado.

Los responsables de la SSN fueron despedidos tras la elevación de Luis Caputo al rango de ministro, pero muchos creen que su influencia persiste y que también tiene aceitados lazos con el kirchnerismo.