Durante casi diez meses, la Corte Suprema esperó paciente los movimientos y mensajes que llegaban desde la Casa Rosada. Con Cristina Kirchner otra vez en el poder y un Alberto Fernández ambiguo, los ministros del máximo tribunal aguardaron con paciencia los movimientos del oficialismo antes de jugar sus cartas. Ahora, tienen en sus manos dos cartas de alto impacto político que tuvieron novedades este jueves: los tres jueces desplazados por el Senado y el reclamo por la quita del Ejecutivo a la coparticipación porteña.
En el marco del proyecto oficial de reforma judicial, el Ejecutivo puso en marcha un Consejo Consultivo de expertos que deberá evaluar y dictaminar hacia fin de año cómo funciona la Corte Suprema y si es necesario que su conformación incluya a más jueces que los actuales cinco ministros. Un mensaje que muchos tomaron en el edificio de la calle Talcahuano como intimidante. Con el agregado de que entre los juristas que analizan su funcionamiento se encuentra Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta. Un aviso para lo que viene.
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Ahora, el máximo tribunal podrá demostrar que su poder de negociación y de fuego sigue intacto frente a cualquier gobierno. Por un lado, deberá definir qué pasará con la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli. Los tres magistrados federales que habían sido nombrados en lugares claves por el macrismo a través de un decreto en 2018, fueron desplazados de sus puestos luego de aprobarse en el Senado el rechazo a esos traslados.
Los camaristas Bruglia y Bertuzzi presentaron este jueves ante el máximo tribunal les otorgue “una licencia extraordinaria” mientras se resuelve la situación de fondo. Plantearon ante la Corte que el Ejecutivo “acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”.
Castelli también hizo un pedido similar. Es que tras el veto del Senado, deberán volver a sus tribunales de origen, donde ahora hay otros jueces subrogando esos juzgados. Este jueves, la Cámara de Casación falló en su contra y ordenó que vuelvan a sus tribunales de origen.
Desde el oficialismo, argumentan que esos traslados fueron hechos en forma irregular por el macrismo y que no contaban con el aval de la Cámara Alta. También acusan que fueron “puestos a dedo” por el gobierno anterior para perjudicar en causas sensibles (entre ellas, "cuadernos de las coimas") a la ex presidenta y ex funcionarios de su gobierno. Para la oposición y también para los jueces, se trató de una embestida para castigar a los magistrados que investigan la corrupción kirchnerista.
Antes de la sesión del miércoles, los tres magistrados habían solicitado un “per saltum” a la Corte Suprema. Pero el máximo tribunal desestimó ese "tratamiento urgente" y sostuvo que esperaría a que la Cámara Alta defina. Ahora, los jueces del máximo tribunal deberán definir la cuestión de fondo, es decir, sobre la validez de sus traslados.
En la cuestión de fondo, el reclamo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli sostienen que sus traslados se hicieron de acuerdo a lo que marca la Constitución y que una acordada de la misma Corte señala que no debían volver a pasar por un acuerdo del Senado para mantenerse en sus puestos actuales. Cualquier decisión de los cortesanos puede generar conflictos de poderes.
Coparticipación. Una semana después del conflicto desatado tras la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad, la Corte también recibe este jueves otro expediente de alto impacto. Se trata de la presentación del Gobierno porteño, que buscará que el decreto presidencial sea declarado inconstitucional.
Desde que Alberto Fernández le quitó un 1,18% de los fondos a la Ciudad para resolver el conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, los abogados de la administración porteña comenzaron a trabajar en la presentación judicial. Los juristas de la Procuración y de los ministerios de Justicia y Hacienda decidieron reclamar por la inconstitucionalidad del decreto y, en paralelo, presentar un amparo para cortar la salida de fondos, estimados en unos 150 millones de pesos al día, que se hizo efectiva la semana pasada.
Los cortesanos no tienen plazos para expedirse en los reclamos de los jueces desplazados y del gobierno porteño. Juegan con la carta frente a todos los gobiernos: “los políticos pasan, nosotros permanecemos”.
Cualquier resolución a favor o en contra de esos reclamos traerá consecuencias. En especial, si alguno de los fallos son contrarios al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
FA/MC
