Comodoro Py tiene en sus manos una definición que mantiene en vilo a los contendientes de la interna de Juntos por el Cambio por la intendencia de La Plata. Tanto Julio Garro como Juan Pablo Allan aguardan atentos a lo que pueda suceder en la causa donde se los investiga junto a otros referentes por el presunto armado de expedientes contra sindicalistas de la provincia.
Se espera que tras la feria de invierno la Sala II de la Cámara Federal porteña confirme o revierta los procesamientos dictados por el Juez Federal de la Plata, Ernesto Kreplak a finales de abril del año por considerar al actual intendente de la capital de la provincia y al legislador como partícipes necesarios en los delitos de inteligencia ilegal y prevaricato.
Es que Garro y Allan participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 junto a otras 12 personas entre ex funcionarios provinciales, espías y empresarios de la construcción donde se escuchó decir al ex ministro de Trabajo Bonaerense Marcelo Villegas “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Los dichos de Villegas se desprenden de una grabación de dicho encuentro consignada a la justicia por la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, de la que se inició una causa en diciembre de 2021.
Además de los precandidatos a la intendencia de La Plata, en la causa están procesados los ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, Juan Sebastián De Stefano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Alberto Biorci así como también otros fuertes funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal como el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi.
Si bien todos los acusados, principalmente los exfuncionarios, negaron las imputaciones y admitieron que la reunión se dio para tratar diversos episodios de amenazas y extorsión de larga data protagonizados por empresarios constructores y adjudicados a la UOCRA platense; en paralelo, uno de los ex espías apuntó contra las directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al declarar que estuvo en esa sala a pedido de sus superiores y que además le encomendaron grabarla ilegalmente.
El único ex funcionario que corrió con mejor suerte judicial fue el ex titular de la cartera de infraestructura bonaerense Roberto Gigante quien obtuvo la falta de mérito junto a los empresarios de la construcción allí presentes.
Antes de la aparición del video y a raíz de esa reunión surgieron diversas denuncias anónimas contra el ex titular de la UOCRA Platense, Juan Pablo “Pata” Medina quien junto a otros fueron procesados por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsiones.
Los abogados del sindicalista reclamaron la nulidad del expediente por entender que se trató de un expediente armado justamente en el marco de ese encuentro. Dicho reclamo prosperó y Medina fue sobreseído. La decisión quedó firme luego que la Cámara Federal de Casación refrendó lo dictado por un tribunal de La Plata. Sin embargo el fiscal ante Casación Raúl Plée introdujo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, con lo cual será la máxima instancia quien defina.
Con las apelaciones presentadas por las defensas y expediente en Comodoro Py, la Cámara Federal Porteña realizó una audiencia en junio pasado para escuchar a las partes donde estuvo presente el propio “Pata” Medina quien a través de su abogado César Albarracín pidió mantener los procesamientos y revertir las faltas de mérito de Gigante y de los empresarios constructores.
Pero ese no es el único asunto que tienen por resolver los jueces Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi. La defensa de Grassi reclamó que la causa sea anulada en su totalidad. Para el ex subsecretario de Justicia Bonaerense el expediente debe invalidarse, ya que se inició con una grabación ilegal.
