La justicia federal avanza en la investigación de la denuncia presentada por la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) respecto del maniobras de inteligencia ilegal a 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas. En las últimas horas la fiscal Paloma Ochoa pidió las primeras medidas de prueba, entre las que se hay pedidos de información a la AFI y al Ministerio de Seguridad que habría intervenido en la maniobra. Tal como reveló PERFIL hace casi dos semanas, los nombres de las personas afectadas en la causa surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018. Entonces, la AFI, bajo la gestión de Cambiemos, estaba en manos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. El pedido de Ochoa fue al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, quien ahora deberá resolver si hace lugar a estas.
En el expediente hay 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por el área de contrainteligencia que tendrían que ver con los trabajadores de distintos medios acreditados para la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en la Argentina durante 2018. "Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional", se detalla en la denuncia presentada días atrás por la intervención de la AFI a cargo de Cristina Camaño.
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La información registrada viola el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia que detalla que ningún organismo de inteligencia podrá "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
En la denuncia, Caamaño detalló: "Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social 'Ni Una Menos'". Las descripciones incluyen calificaciones como "siempre con posturas contra el Gobierno", "Se opone fuertemente al kirchnerismo", "Hay una foto con Estela de Carlotto", "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista", "Se destaca en FB la única página de políticos a la que le dio "Me Gusta" es la de Laura Alonso", "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos".
Las fichas habían sido solicitadas a la AFI por el Ministerio de Seguridad, que en aquel entonces encabezaba Patricia Bullrich, y dentro de la central de espías estuvieron a cargo de la Dirección de Eventos Especiales que luego las remitió al área de contrainteligencia, según reconstruyó la agencia Télam.
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