El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer destinar personal policial de “consigna” y establecer una “custodia” sobre los cinco lugares allanados en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que relaciona a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Fuentes judiciales confirmaron que, a pesar de haber sido cinco allanamientos, la mayor cantidad de documentación fue secuestrada en las oficinas de la financiera SGI, que, según el propio Fariña en el mercado se la conocía como “la Rosadita”,
Ubicada en el séptimo piso de Madero Center –Juana Manso 555–, se consiguió recopilar “decenas de documentos” sobre operaciones financieras nacionales e internacionales. Ahora los investigadores se preparaban para analizarlos.
Como parte de esos procedimientos también fue allanada una casa de Fariña en la ciudad de La Plata.
Las fuentes precisaron que “no quedan medidas pendientes” en relación con el requerimiento formulado por el fiscal Ramiro González, y ordenado por el juez Casanello, que incluyó los pedidos de indagatoria de Fariña y Elaskar.
El llamado a esas indagatorias quedó supeditado al análisis de la documentación secuestrada, pues el planteo fiscal se basó sobre carpetas de ROS (reporte de operaciones sospechosas) aportadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El próximo miércoles la causa cambiará de fiscal ya que regresará de una corta licencia Guillermo Marijuán, el miembro del Ministerio Público que trabajará a lo largo de 2013 junto al juzgado federal 7, a cargo de la investigación, que hasta el año pasado estaba en mano de Norberto Oyarbide.
Por otro lado, el diputado radical Manuel Garrido –ex Fiscal de Investigaciones Administrativas– le solicitó ayer al Banco Central información sobre las características y alcance de la disposición de suspensión de las operaciones cambiarias de la empresa financiera SGI.
“Lo que queremos saber es cuáles fueron los motivos que dieron lugar a que el BCRA suspendiera las operaciones cambiarias, específicamente en qué datos se basaron para tomar esa resolución”, explicó Garrido, que también presentó una denuncia para que se investigue el lavado de activos en Suiza.
Garrido señaló que la presentación se hizo “basándose en lo establecido en el Decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública”.
