El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números.
El debate lo trajo a la arena política Cristina Fernández de Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. Diario PERFIL intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores (y el jefe de Gobierno porteño). El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.
La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de Etica Pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.
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