La mira está en el cruce de llamadas entre agentes
Comenzará a tomarse testimoniales a los protagonistas de esas conversaciones. Los espías involucrados tienen habilitación para no ampararse en el secreto que fija la ley de inteligencia. Una fiscalía trabada por el covid.
Comodoro Py. Sigue el caso una fiscalía especial a cargo de Eduardo Taiano, con ocho empleados. |
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A seis años de comenzada la investigación judicial por la muerte de Nisman, acumula 122 cuerpos y casi 25 mil fojas. Además, la Justicia cuenta con centenares de cajas con documentación y diversos elementos secuestrados en los distintos allanamientos, que están ubicados en depósitos, bajo resguardo de Gendarmería Nacional. Desde septiembre de 2017, para la Justicia, la muerte de Nisman fue un homicidio. Sin un autor material identificado, en el expediente están imputados el perito informático Diego Lagomarsino y los custodios de Nisman, quien desde 2004 era titular de la UFI AMIA e investigaba el atentado a la mutual judía ocurrido en julio de 1994.
La muerte de Nisman se dio cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Entendimiento con Irán.
Entre los procesados en el caso está Lagomarsino como presunto partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y el de los custodios Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño, del cuerpo de la Policía Federal Argentina (PFA), como coautores del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y de “encubrimiento agravado” por “tratarse de un hecho precedente a un delito grave”.
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El gran avance de este año es que la Justicia recibió la primera elevación de los entrecruzamientos de llamados entre números de agentes de inteligencia, fuerzas de seguridad y miembros del Ejecutivo, por lo que comenzarán a tomarse una serie de declaraciones testimoniales a actuales y ex agentes de la Inteligencia local. Eso será posible porque desde enero de 2016, por decisión del entonces presidente, Mauricio Macri, se dispuso que tanto agentes activos como retirados que contaran con información clasificada sobre la muerte del fiscal podrían aportarla ante la Justicia sin ampararse en el secreto establecido por la Ley de Inteligencia Nacional. La medida fue ratificada por la actual gestión en el organismo, a cargo de Cristina Caamaño. La buena predisposición de Caamaño y su gestión para con la Justicia fue resaltada por fuentes del caso ante PERFIL.
Sin autor material identificado, Lagomarsino y cuatro custodios están procesados
En la investigación, en una fiscalía descentralizada a cargo de Eduardo Taiano, participan ocho personas. La modalidad impuesta en el marco de la pandemia que golpea al país desde marzo pasado, hizo que vayan a trabajar de a dos de forma presencial por semana. Sin poder llevarse material para analizar en sus casas, bajo ningún punto de vista, el covid impuso nuevos desafíos en el trabajo.
Desde la sede de la fiscalía, en un piso ubicado en el microcentro porteño, también surgieron pedidos y precisiones para compañías telefónicas, así como para técnicos de las distintas unidades especializadas como el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende de la Procuración General de la Nación, entre otras dependencias.
Esos elementos, así como las próximas testimoniales que se sumarán en el caso, forman parte de una serie de piezas con los que la Justicia busca completar el escenario de lo que sucedió con Nisman, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la noche del 18 de enero, cuatro días después de denunciar a CFK por el Pacto de Entendimiento con Irán.
