Las retenciones a las ventas de soja al exterior, que han adquirido el carácter de fijas en 30 y 35 por ciento, de acuerdo al tonelaje de cosecha serán, después de los reintegros aprobados por la Cámara de Diputados hasta el 31 de octubre próximo, mucho menores que aquellas que rigen para el trigo y el maíz.
A esos valores, habrá que disminuirle también la compensación que se le promete a los productores, si sus campos se encuentran a más de 400 kilómetros de los puertos, aún a aquellos que están en el borde la frontera agropecuaria y aunque hayan avanzado de modo violento sobre zonas boscosas o de otros cultivos, con lo cual la diferencia pro-soja se vuelve aún más notoria.
Mal que le pese a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti y al ex ministro de Economía, Martín Lousteau, quienes explicaron con números más de una vez que las retenciones móviles eran necesarias para "desojizar" el país, las dos medidas que ahora han pasado al Senado quedaron exactamente en la vereda opuesta a sus argumentos e incentivan de modo muy claro las plantaciones del "yuyo" maldito.
Tanta desprolijidad, fruto de las necesidades políticas del oficialismo y de la dinámica que ha tomado el desgaste, no hace más que avalar la visión de muchos analistas que, desde el momento en que se anunciaron las medidas, dijeron que tenían un propósito fiscal definido.
Cuando se tratan de explicar los motivos por los cuáles la Argentina está hoy fuera del mundo y no recibe inversiones, se balancean situaciones de cierto esplendor macroeconómico (superávits, reservas, crecimiento, etc.) con otras de incertidumbre creciente (inflación, manipulación de índices, falta de reglas tributarias, etc.).
Sin embargo, poca atención se le presta a algunas características que son marca registrada de la Administración, las que hicieron lo suyo para espantar inversores y que se manifestaron en todo su esplendor en los últimos cuatro meses, de las cuáles las contradicciones resaltadas en el caso de la soja son apenas dos ejemplos contundentes: falta planificación y casi no hay gestión. Sin ninguna de esas dos cosas, como mínimo, al Gobierno le será cada vez más difícil avanzar. Y mucho más aún si sigue combinando esas debilidades con la receta de los malos tratos, las arbitrariedades y la falta de transparencia informativa, en la que el no contacto con la prensa ha sido sólo una arista. Cuando la situación permitía visualizar que estaba todo por ganar, con tipo de cambio alto y una caja rebosante, Néstor Kirchner mantuvo las riendas y las elecciones fueron casi un trámite. Hasta muchos imaginaron que esas dos herramientas constituían un Plan.
Ahora, cuando hay que hacer sintonía fina y preocuparse por el funcionamiento del Estado, aunque no le guste a los defensores del modelo porque muchos de sus preconceptos pueden quedar de lado, Cristina Fernández deberá ponerse a trabajar de verdad. El nuevo mapa político y sindical que se está definiendo puertas adentro en la interna del justicialismo, que le suma de modo creciente granos al kirchnerismo y el notorio derrape de imagen, deberían permitirle al Gobierno elaborar una reflexión mínima para pasar a la ofensiva, rumbo al Bicentenario.
Es verdad que ya se notan algunos cambios de tonos en la forma del discurso, pero la vocación de encarrilar la situación debería traducirse rápidamente en variantes bien profundas en los equipos de gobierno, esquemas que se ajusten aceleradamente a la época que se avecina, de mayores desafíos y exigencias políticas y, sobre todo, económicas.
