POLITICA
política migratoria

La oposición criticó el fin del DNU por favorecer el crimen

Desde las redes sociales, referentes de Juntos por el Cambio atacaron la decisión oficial. “Va a contramano de lo que hacen los países desarrollados”, dijo Frigerio a PERFIL.

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Rechazo. El macrismo dice que expulsó hasta un 300% más de inmigrantes con antecedentes. | twitter

El DNU del presidente Alberto Fernández que dio de baja la política migratoria de Mauricio Macri establecida en un cambio en la Ley de Migraciones de 2017 generó una oleada de críticas. Se trata del decreto que había firmado el ex presidente con el fin de agilizar los trámites para la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales, por el cual se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso.

En ese marco, su derogación despertó fuertes críticas. El ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio le dijo a PERFIL: “El Gobierno va a contramano de lo que hacen los países desarrollados y serios del mundo. La derogación de este decreto implica explícitamente favorecer el ingreso del crimen organizado, delincuentes y narcos a la Argentina”. Frigerio, quien tuvo a su cargo la política migratoria durante los cuatro años de Cambiemos y fue el impulsor del entonces decreto de Macri, agregó: “Las buenas medidas hay que sostenerlas en el tiempo. Con el decreto que impulsamos nosotros logramos aumentar casi un 300% la deportación de inmigrantes con antecedentes penales y en estado ilegal o irregular. Claramente este es un paso atrás en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”.

Y concluyó con datos: entre 2007 y 2017 fueron expulsados 186 migrantes por violaciones a la Ley de Migraciones. Desde el decreto 70/2017 de Cambiemos en sólo 2 años se expulsaron 2300 por antecedentes de delitos y 700 por violaciones a la Ley Migratoria.

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En el mismo sentido, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo planteó: “Derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”. También se sumó, vía Twitter, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad afirmó: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Otro de los que se sumó fue el vicejefe de Gobierno y encargado de la Seguridad porteña, Diego Santilli, quien consignó en Twitter: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”. También se expresó el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien controla la Policía de la Ciudad, y aseguró: “Cada día trabajamos para evitar que el crimen organizado gane terreno en la Argentina, pero el Gobierno nacional derogó el decreto que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes. El que viene al país a cometer delitos no puede ni debe quedarse”.

Desde la UCR, el diputado nacional Luis Petri dijo que “este Gobierno dice que lucha contra la delincuencia. Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”. Y adelantó que presentará un proyecto junto a Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y también diputado nacional, para restablecer “el contenido del decreto derogado por el Gobierno”.

Además, el Consejo nacional del PRO, junto a diputados y senadores nacionales emitieron un comunicado titulado “Los delincuentes del mundo tienen las puertas abiertas en Argentina”.

“Una vez más, el gobierno de Alberto Fernández da marcha atrás caprichosamente con medidas de la gestión anterior. Esta vez, en detrimento de la seguridad de todos los argentinos”, dijeron. “Estamos bajo la dirección de un gobierno que premia a quienes se encuentran fuera del marco de la ley, incentivando cada vez a más jóvenes a radicarse en el exterior y obligando a la ciudadanía toda a vivir en sus casas tras rejas”, agregaron.