El asesinato de Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner quien había declarado en la causa de los cuadernos, generó la presentación de un proyecto de ley para que el Programa de Protección de testigos o imputados colaboradores en causas de corrupción pase a órbita de la Corte Suprema de Justicia y salga del ministerio de Justicia.
Aunque Gutiérrez no se encontraba bajo este régimen de testigos, en la oposición tomaron el tema como una bandera. En este marco, La iniciativa está firmada por un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio bajo la idea del radical Luis Petri.
Ya en 2014, el diputado radical había presentado una iniciativa similar cuando, en plena causa Ciccone, cuando José Guillermo Capdevilla, de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía, recomendó a Amado Boudou no acordar con la calcográfica. “Desde ese episodio que presentamos el proyecto por primera vez para que no sea el Gobierno de turno el que tenga a su cargo la protección de testigos sino la Justicia”, explicó Petri a PERFIL.
Sabina Frederic: "La oposición tiene que predicar con el ejemplo y respetar el proceso judicial"
Y explicó que, hasta la Ley del Arrepentido, sancionada durante el Gobierno de Mauricio Macri, no existían los imputados colaboradores para delitos vinculados a la corrupción. Existían para otros delitos, como narcotráfico, secuestros y trata, pero en el caso de corrupción era el juez el que terminaba decidiendo si lo podía incorporar de manera discrecional. Aunque siempre con la ayuda del ministerio de Justicia. “Es decir, el mismo poder denunciado debe brindar protección al arrepentido”, destacó el diputado radical.
“Siempre insistimos con el proyecto. Se avanzó en la era de Macri y cuando intentamos avanzar hubo una fuerte objeción de parte de la Justicia porque no tenía una partida presupuestaria para poder hacerse cargo de estos imputados colaboradores”, agregó Petri.
Y recordó que el tema volvió a ser noticia, no solo por el caso Gutiérrez, sino porque, tras haber creado una Agencia especial dedicada al tema con Juntos por el Cambio en la Casa Rosada, en febrero el presidente, Alberto Fernández, decidió darla de baja en febrero pasado. “Desde ese día 123 arrepentidos se fueron del programa, que llegó a tener más de 200”, contó el diputado.
De esta forma, el proyecto establece que el Programa de Protección de Testigos pase a manos de la Corte Suprema. “Hoy más que nunca se justifica su tratamiento”, cerró Petri.
Además del diputado radical, el proyecto está firmado por referentes del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara Baja: Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Ingrid Jetter, Fabio Quetglas, Claudia Najul, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Brenda Austin, Gabriela Lenna, Federico Angelini y Albor Cantard.
