La reforma en el Poder Judicial por parte del oficialismo avanza a toda velocidad en el Congreso. Sin inconvenientes, el kirchnerismo logró hoy el dictamen favorable que le posibilita tratar en el recinto el próximo jueves tres de los seis proyectos que componen el plan de "democratización de la Justicia". Por su parte, la oposición dejó en claro que "no se trata de democratizar la justicia" sino de "preparar el terreno para la impunidad".
En dos horas de plenario, con la participación de sólo dos opositores, el kirchnerismo dejó todo preparado para debatir el martes próximo el proyecto de regulación de las medidas cautelares contra el Estado, la reforma en el Consejo de la Magistratura y la creación de tres Cámaras de Casación por lo que el plan para "democratizar la Justicia" avanza en tiempo récord.
La reacción de la oposición fue contundente. Durante el plenario, mediante un duro documento firmado por los principales bloques, desde distintos arcos de la oposición calificaron la reforma oficialista como una necesidad del gobierno para “garantizar la impunidad”.
Mauricio Macri (PRO), Hermes Binner (FAP), Mario Barletta (UCR) y Francisco De Narváez (PJ Disidente), entre opositores de todo el arco ideológico, coincidieron en que "resulta paradójico que el oficialismo hable de ‘democratización de la Justicia’ y apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso. Esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad".
El texto, que trabajaron Patricia Bullrich (Unión por todos), Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Gabriela Michetti (PRO) y Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), trascendió hoy como un anticipo de la exposición que los principales referentes de cada partido llevarán adelante el martes próximo frente al Palacio de Tribunales y deja sentado que, pese al rápido trámite del oficialismo, casi ningún bloque opositor acompaña la reforma.
"Esto es un golpe de Estado, llamo a los ciudadanos a defenderse". La más eufórica voz opositora fue la de Elisa Carrió. La siempre polémica diputada sostuvo que "técnicamente estamos en presencia de un golpe de Estado".
En sintonía con el documento común que firmó la oposición, Carrió analizó que "Cristina tiene miedo a ir presa", por lo tanto, "necesita jueces dependientes para garantizar su impunidad, por todos los delitos cometidos por ella y su exesposo".
Preparó la cancha. "Lilita" Carrió encendió la convocatoria que se foguea en las redes sociales para el 18 de abríl (#18A), similar al movimiento #8N. "Llamo a la ciudadanía a manifestarse el próximo jueves 18. Ese poder del pueblo le dará el respaldo a la Corte para pronunciarse, y cortar esta intentona golpista", concluyó.
Se preparan para las demandas. Mientras los opositores expresaron su rechazo y el oficialismo avanzó a todo trapo, en una misiva enviada a los titulares de las cámaras de Diputados y Senadores, los Colegios de Abogados de todo el país advirtieron que ya están preparando demandas de inconstitucionalidad si los proyectos del Poder Ejecutivo salen tal como fueron presentados oficialmente.
"De todos los justiciables, resultan los jubilados y pensionados argentinos quienes más se perjudicarían con la creación de la Cámara de Casación Laboral Previsional, en orden a que cada demora a su edad convertiría en ilusoria su expectativa de percibir una sentencia definitiva que ponga fin a sus legítimos reclamos", consignaron.
El texto, firmado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) y la Federación Argentina de Colegio de AbogadosS (FACA)
Pongan el fuego. Entre tantas voces de letrados que se manifestaron contra la reforma, la de Jorge Rizzo trascendió en particular al afirmar que “esto es por una pelea con un grupo económico determinado y nosotros, los abogados, somos el carbón del asado".
